Sustentabilidad financiera

Frente a los desafíos de la selección de áreas y las dificultades políticas envueltas en el establecimiento de unidades de conservación (UC), se puede tener la impresión de que el principal obstáculo en el tema de las unidades de conservación es su creación y que, una vez establecidas, todo se torna muy simple. Ocurre, sin embargo, que los retos de la implementación y gestión son aún mayores, aunque de naturaleza diferente. Este escenario se ve agravado por el hecho de que las políticas públicas se centran más en la creación de las unidades, lo que se refleja, incluso, en la asignación de recursos. O sea que es más fácil conseguir recursos para el establecimiento de nuevas unidades de conservación que para la implementación o gestión de las ya creadas.

Aparte de los recursos limitados, está la cuestión de los procedimientos de gestión que deben adoptarse para garantizar el mantenimiento de los procesos biológicos, y, por lo tanto, la  biodiversidade del área. En resumen, hay dos tipos de dificultades en esta fase: las de carácter financiero, en general relacionadas con la instalación de la unidad, pero que también influyen en las actividades de manejo, y las de carácter ecológico, aquellas relacionadas con las decisiones de manejo y gestión del área, que van desde el manejo de poblaciones de animales o vegetales hasta las relaciones de la unidad con las comunidades del entorno.


  / Araquém Alcântara - www.terrabrasilimagens.com.br

La sostenibilidad financiera del Sistema Nacional de Unidades de Conservación, es decir de dónde y cómo vienen los recursos necesarios para la expansión del SNUC y su debida implementación y eficaz gestión, es uno de los grandes desafíos para que su propósito se realice plenamente, garantizando la conservación de la biodiversidad, paisajes, procesos ecológicos y geomorfológicos, del patrimonio arqueológico y paleontológico, además de la valoración y divulgación de los conocimientos tradicionales.

 

Debido a la complejidad del tema, agravada por los propósitos diferenciados de las categorías de unidades de conservación, el contexto particular de cada región del país en el que ellas se insertan y su importancia socio-política, la búsqueda de la sostenibilidad financiera exige la adopción de un conjunto diferente de principios y directrices que armonicen la planificación, la gestión y el monitoreo financiero de las unidades de conservación. Aunque la investigación sobre costos de conservación no son tan comunes, todos los estudios existentes muestran que el nivel actual de los fondos que se proporcionan para la conservación no es suficiente, tornándose la situación aún más crítica en los países tropicales1. Un inventario global realizado demostró que los países reconocidos como desarrollados invierten 13 veces más por hectárea en las áreas protegidas que los países en desarrollo, lo que significa que el 90% del presupuesto total para áreas protegidas se destina a sólo el 41% de áreas bajo algún tipo de protección2. Otro estudio3 indica que mientras que los países africanos de la Cuenca del Congo (con exclusión de Sudáfrica y Kenya) invierten un promedio de alrededor de $ 117 por km2, los países de Europa y América del Norte destinan $ 2.768 por km2 en la gestión de sus áreas protegidas. Aunque estas cifras comparativas sean interesantes, es importante recordar que por lo general el costo por unidad de área está directamente relacionado con el área total de la unidad de conservación, es decir que unidades de conservación de grandes extensiones tienen un costo de mantenimiento por km2 menor que el de aquellas de tamaño menor con perfiles similares en el mismo contexto. 

Una combinación de datos efectuada en el comienzo del milenio, evaluó las dificultades financieras de las áreas protegidas en todo el mundo: en muchos países en desarrollo, los recursos para la gestión de las áreas protegidas se redujeron en más del 50% en la década de 1990 debido a crisis financieras y políticas4. La cara más visible de esta carencia financiera es el surgimiento de los ‘parques de papel’. Este fenómeno tiene un aspecto perverso: los ‘parques de papel' entran en el recuento oficial de las áreas protegidas, ya que, si bien colaboran en la reducción de las tasas de deforestación, no deberían ser contabilizados como áreas donde existe una efectiva conservación de la biodiversidad, no obstante lo cual, en general, se les registra como tales. El resultado es que estas unidades de conservación contribuyen a disminuir la incitación para la creación de nuevas áreas, incluso sin cumplir sus objetivos de conservación.

En Brasil, históricamente el ‘sector de Medio Ambiente’ tiene poco peso político; uno de los factores que demuestra esto es que el Ministerio del Medio Ambiente (MMA), no se estableció hasta 1992, si bien en 1973 había sido creada la Secretaría Especial del Medio Ambiente, que asumía muchas de las actuales responsabilidades del MMA, y estaba vinculada al Ministerio del Interior. Una de las consecuencias de este escenario es que el MMA es uno de los Ministerios menos favorecidos en la transferencia de fondos del presupuesto público. En el 2008, el presupuesto general del Ministerio de Medio Ambiente fue el 18° de un total de 23 ministerios, o sea 0,12% del presupuesto total del poder ejecutivo5. El informe publicado por el MMA indica que para un funcionamiento pleno del sistema serían necesarios recursos anuales del orden de R$ 543,2 millones para el sistema federal – en el 2008, las unidades de conservación federales recibieron R$ 316 millones del presupuesto federal - y de R$ 360,8 millones para los sistemas estaduales, además de R$ 611 millones para inversiones en infraestructura y planificación en el sistema federal y R$ 1,18 billones en los sistemas estaduales, con exclusión de las RPPNs6. En el intervalo desde el 2001 hasta el 2008, aun cuando la superficie total de áreas protegidas federales se amplió en 78,46% y el presupuesto bruto del gobierno federal prácticamente se duplicó, el presupuesto del Ministerio relativo al SNUC sólo aumentó en 16,35%.

Obviamente, este escenario de déficit presupuestario afecta directamente las actividades diarias en las unidades de conservación, incluso en la dotación de personal; aunque desde entonces ha habido concursos para aumentar el número de puestos, en el 2007 se informó que cada servidor era responsable de un promedio de 230 000 hectáreas en la Amazonía brasileña7. La creación del Instituto Chico Mendes de Conservación de la Biodiversidad (ICMBio) en el 2007, estableció un importante marco jurídico para la aplicación de la política nacional de conservación; desde entonces, las unidades de conservación federales recibieron un presupuesto propio, lo cual permitió una mayor claridad acerca del motivo, el seguimiento y la evaluación de la efectividad de esta inversión. La combinación de este presupuesto con las demás modalidades posibles, tales como las fuentes de otros órganos como el Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables (IBAMA) - también responsable del Programa de Prevención y Lucha contra la Deforestación, las Quemadas y los Incendios Forestales, que asigna fondos en acciones vinculadas al SNUC –, el Servicio Forestal Brasileño, la Cooperación Internacional y Programas Especiales, tales como el ARPA (Programa de Áreas Protegidas en la Región Amazónica), la compensación ambiental, multas, donaciones, turismo (ingresos, concesiones de servicios, venta de productos e imagen), o el pago por servicios ambientales, o el ICMS (Impuesto sobre la Circulación de Mercaderías y Servicios) Ecológico, debería llevar a una planificación estratégica de la asignación de recursos, que puede contribuir en gran medida a una gestión más eficaz del SNUC.

Más información 

Muanis, M.M., Serrão, M. & Geluda, L. 2009. ¿Cuánto cuesta una unidad de conservación federal? : Una visión estratégica para la financiación del Sistema Nacional de Unidades de Conservación (SNUC). FUNBIO. Rio de Janeiro. P. 52.

Medeiros, R.; Young, C.E.F.; Pavese, H. B. & Araújo, F.F.S. 2011. Contribuição das unidades de conservação brasileiras para a economia nacional: Sumário Executivo. Brasília: UNEP-WCMC, 44p.

 

Referencias

  1. NITTA, R. 2009. Budget and Staff analysis for Management of Forest Protected Areas in Brazil. Dissertação de Mestrado, University of East Anglia, 70pp.
  2. JAMES, A.N., GREEN, M.J.B. & PAINE, J.R. 1999a. "A Global Review of Protected Area Budgets and Staffing". WCMC – World Conservation Press, Cambridge, UK. vi + 46pp.
  3. WIKKIE, D. S.; CARPENTER, J. F. & ZHANG, Q. 2001. "The under-financing of protected areas in the Congo Basin: so many parks and so little willingness-to-pay". Biodiversity and Conservation 10: 691–709.
  4. BENSUSAN, N. 2006. Conservação da biodiversidade em áreas protegidas. Editora FGV, Rio de Janeiro. 176p.
  5. DUTRA, R. C. D.; OLIVEIRA, A. B. & PRADO, A. C. A. 2006. "Execução Orçamentária do Ministério do Meio Ambiente entre 2000 e 2005". Revista Política Ambiental 2: 0-14. Conservação Internacional.Disponible haciendo clic aquí.
  6. Pilares para a Sustentabilidade Financeira do Sistema Nacional de Unidades de Conservação. Ministério do Meio Ambiente. Secretaria de Biodiversidade e Florestas. Departamento de Áreas Protegidas. Brasília: Ministerio del Medio Ambiente:: 2009. 2ª edição. 72p. Série Áreas Protegidas do Brasil v. 7. Disponible haciendo  clic aquí.
  7. BORGES, S. H.; IWANAGA, S.; MOREIRA, M. & DURIGAN, C. C. 2007. "Uma Análise Geopolítica do Atual Sistema de Unidades de Conservação na Amazônia Brasileira". Revista Política Ambiental 4: 0-42. Disponible haciendo  clic aquí.