Gobernanza

Autoría: Beatriz Moraes Murer e Silvia de Melo Futada

Confiera informaciones sobre gobernanza en UCs: de la participación social a las presiones y desafíos en esas áreas protegidas. ¿Qué tienen que ver las personas con las UCs? Informaciones sobre Consultas Públicas, Consejos Gestores, normativas e instrucciones para el manejo y gestión de UCs, el enfoque ecosistémico, el plan de manejo, el monitoreo de las UC, manejos específicos, como el del fuego y turismo. Aspectos sobre gestión y aporte de recursos, no sólo financieros; además de las presiones y desafíos asociados a las áreas protegidas, que acarrean las mayores amenazas para la sociobiodiversidad dentro y fuera de las UC: deforestación, especies invasoras, garimpo ilegal, incendios y quemas y carreteras planificadas. 

Participación Social

La actuación de movimientos sociales organizados, sindicales, investigadores y de otros sectores y actores a través de enorme lucha y reivindicación, intensificados a finales de la década de los 80, canalizó la construcción y defensa de políticas públicas universales y garantizadoras de los derechos humanos, por medio de la creación de sistemas descentralizados y participativos en las políticas públicas ¹. La Constitución Federal de 1988, consolidó derechos y prevé, en diversos dispositivos, la participación del ciudadano en la formulación, implementación y control social de las políticas públicas. En especial los artículos 198, 204 y 206 de la Constitución dieron origen a la creación de consejos de políticas públicas en el ámbito de la salud, asistencia social y educación en los tres niveles de gobierno - federal, estadual y municipal. Tales experiencias provocaron la multiplicación de consejos en otras áreas temáticas en los tres niveles de gobierno.

La participación social en la política y la gestión ambiental está prevista en diversos instrumentos, tales como en las Políticas Nacionales de Medio Ambiente, de Gestión de Recursos Hídricos, de Educación Ambiental, de Participación Social, y en la Agenda 21, entre otros. El Sistema Nacional de Unidades de Conservación es otra de las políticas que presupone transparencia en la gestión y compromiso y participación social como un factor clave de su implementación.

El desafío de conservar la biodiversidad, incluso en áreas limitadas como las unidades de conservación, no puede hacerse sin la colaboración de la sociedad. Menos aún sin el reconocimiento de que el modo de vida tradicional, la gran mayoría de las veces, no sólo conserva, sino que a lo largo de la historia de la humanidad ha sido imprescindible para la generación y mantenimiento de muchos procesos de diversidad biológica como hoy los conocemos. Cada vez más los conservacionistas, científicos y gestores perciben que la estrategia de conservar la biodiversidad en áreas protegidas, resulta poco eficaz si se ignora el escenario político y social más amplio, Mientras continúe el mal uso de la tierra y de los recursos fuera de las áreas, el futuro de las unidades de conservación y de su biodiversidad estará amenazado. Además, establecer áreas protegidas sin tener en cuenta los problemas y derechos de las poblaciones locales crea conflictos y resentimientos que, en última instancia, amenazan la integridad de la biodiversidad que se pretende conservar. Ante este cuadro, modelos de gestión de áreas protegidas apuestan por la conciliación entre las personas y la biodiversidad.

Un ejemplo de eso son los mosaicos de unidades de conservación que reúnen áreas con diversas finalidades y distintos grados de uso permitido, posibilitando la continuidad de actividades tradicionales de las comunidades locales y la generación de nuevas alternativas de renta. Otro ejemplo, son las reservas de extracción y reservas de desarrollo sostenible que, por medio de una zonificación, buscan armonizar las actividades productivas de las comunidades locales y la conservación de la biodiversidad. A pesar de que estos nuevos modelos representan un significativo avance, aún queda mucho por hacer en la búsqueda de la conciliación.

Muchas de estas categorías y modelos pueden funcionar como ejemplos de formas alternativas de uso de los recursos naturales, más racionales y sostenibles, que inclusive pueden ser seguidos fuera de espacios especialmente protegidos. Es interesante notar que estas categorías todavía han sido tratadas por muchos de los adeptos del modelo de preservación que excluye poblaciones humanas, como unidades de conservación de segunda categoría, bajo el argumento de que poseen otros objetivos además de la protección de la biodiversidad. Este argumento, sin embargo, ignora que la presencia de comunidades indígenas, quilombolas o tradicionales, defensoras de sus derechos y territorios, contribuye de forma extremadamente eficaz a la integridad territorial y la conservación ambiental; que modelos complementarios posibilitan aumentar la superficie de cobertura de las áreas protegidas, aumentando la conectividad, lo que resulta fundamental para el mantenimiento de la biodiversidad; y que incluso las categorías de uso sostenible poseen zonas destinadas exclusivamente a la protección de la biodiversidad.

Conservación como posibilidad de transformación social

Con la emergencia de estos nuevos modelos, la conservación de la biodiversidad adquirió una nueva dimensión: la de agente de transformación social. Los esfuerzos de conservación pasaron a tener que identificar y promover los procesos sociales que permiten a las comunidades locales conservar la biodiversidad como parte de sus modos de vida. Las expresiones vinculadas a la participación popular pasaron a formar parte del lenguaje de muchas agencias de desarrollo, desde organizaciones no gubernamentales hasta instituciones gubernamentales y bancos de desarrollo, pero hay varias posibles interpretaciones para esos términos.

Durante el período del colonialismo, el manejo era coercitivo y las poblaciones encaradas como impedimento para la conservación. Hasta los años 1970, la participación era vista como una forma de conseguir la sumisión voluntaria de las poblaciones al modelo de áreas protegidas. Durante la década de 1980, la participación pasó a ser equivalente a estimular el interés por la protección de los recursos naturales. Más tarde, en los años 1990, la participación pasó a ser comprendida como la participación de las poblaciones locales en el manejo de las áreas protegidas. Como se ve, hubo un reconocimiento creciente del papel clave de las comunidades locales en la conservación de la biodiversidad.

Así, conservacionistas y gestores de áreas protegidas - al tener que lidiar con las comunidades del entorno, con los miembros de los consejos y con los moradores y usuarios de las unidades - pasaron a tener que incorporar los procesos participativos en sus actividades. Es interesante notar que, a pesar de reconocer la participación como algo deseable y con potencial de hacer la gestión de las áreas protegidas más eficiente, varios de los órganos gestores de unidades de conservación temen una verdadera participación, en los moldes de la auto-movilización descrita arriba. La participación sería deseable sólo dentro de ciertos límites controlables. De todos modos, muchos métodos y enfoques participativos han sido desarrollados, hasta el punto de que ha sido difícil imaginar la conservación de áreas protegidas sin la participación de los actores locales.

A pesar del gran potencial de la participación, hay muchas dificultades: las diferencias culturales y de perspectiva entre conservacionistas y comunidades locales son grandes, y la adecuación de las distintas prioridades de los diversos actores con la política local y la realidad económica es laboriosa. El respeto a las estructuras sociales locales puede, en algunos casos, ser desafiado por procesos de toma de decisiones en las comunidades que marginan a mujeres, jóvenes o determinados grupos, haciendo el escenario aún más complejo. Sin embargo, la construcción de una participación efectiva y el respeto a la cultura de las comunidades locales puede traer beneficios para la conservación y para esas comunidades.

El gran desafío no se limita a implantar proyectos que integren áreas protegidas y poblaciones locales, sino en lograr el compromiso de individuos y organizaciones que puedan crear la atmósfera social, económica, legal e institucional que asegure la protección de la biodiversidad. La Convención sobre la Diversidad Biológica, al erigirse sobre los pilares de la conservación de la biodiversidad, de su uso y del reparto de los beneficios derivados de su utilización, consolidó la concepción de que sólo la integración entre el compromiso y la participación de las comunidades locales y las estrategias científicas de conservación puede garantizar el futuro de la biodiversidad.

Consultas Públicas

Envolver a la población en los procesos de la UC es esencial en todas las etapas. El derecho de pueblos indígenas, quilombolas y comunidades tradicionales a la consulta y al consentimiento previo, libre e informado, está genéricamente previsto en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Además de la importancia del comprometimiento y participación continuada en la gestión de las Unidades de Conservación, el SNUC estableció la obligatoriedad de consulta previa para la creación de todas las categorías de unidades de conservación, exceptuando la reserva biológica y la estación ecológica. Como la necesidad de consultas públicas no está estipulada en la Ley Nº 6.902 / 1981 que decreta la creación de Estaciones Ecológicas ni tampoco en su reglamentación (Dec. Nº 99.274/1990), ambas disposiciones anteriores al SNUC, la situación de estas dos categorías se mantuvo. Ante la especificidad de esas áreas, que son responsables de la salvaguardia de especies o paisajes únicos y amenazados, se consideró su situación una cuestión de fuerza mayor y el SNUC mantuvo la no obligatoriedad de las consultas públicas para las UCs ​​de categorías reserva biológica y la estación ecológica.

Sin embargo, para la creación de cualquier otro tipo de UC, la consulta pública, preferentemente realizada en la comunidad directamente afectada y con amplia divulgación en la sociedad, es un procedimiento indispensable. Este debe ser uno de los momentos para la presentación de la propuesta de creación, de los trabajos técnicos que establecen su extensión, límites y los propósitos de la nueva área, aclarando todas las dudas que la comunidad tenga al respecto. La consulta también es obligatoria para ampliar y para cambiar la categoría de las UCs. Como ya se mencionó anteriormente, la participación y consulta a las comunidades en el proceso de elaboración del plan de manejo también se hace necesaria⁴.

El proceso de consulta pública debe ser planeado y conducido de manera que posibilite la participación de todos los interesados, garantizando por lo tanto la efectiva representación de la sociedad, sin que determinadas personas o grupos en particular sean perjudicados o beneficiados. La conducción debe ser realizada por el órgano legal competente o por alguna institución delegada por acto público. El proceso debe ser representativo y transparente. Además, la administración pública deberá presentar claramente los fundamentos que sustentan su recomendación para la creación o alteración de la UC, incluso en etapa del plan de manejo. Por último, la divulgación debe ser clara y completa. Todos los segmentos interesados ​​deben estar informados sobre la realización de la Consulta⁵.

La consulta pública no debe ser vista como una situación única, comprendiendo un ciclo de discusiones e implicación de las comunidades. La diseminación de informaciones sobre las consecuencias de creación de una UC y el proceso de manejo participativo abre vías de negociación, previniendo conflictos y posibilitando alianzas a la conservación ambiental. El proceso es una oportunidad de obtención de conocimiento y encaminamiento de las dificultades de los diversos sectores involucrados en la UC.

Consejo Gestor

Otra importante innovación del SNUC es la previsión de participación de la sociedad a través de los consejos gestores, que asesoran la gestión de la unidad. El Consejo Gestor constituye un espacio de articulación de intereses públicos, privados y colectivos, y objetiva la promoción del manejo participativo e integrado del área que debe ser conservada.

Hay dos tipos de consejos para UCs: consultivo y deliberativo. En el ámbito federal, las categorías de UCs con consejo consultivo son Parque Nacional, Reserva Biológica, Estación Ecológica, Monumento Natural, Refugio de Vida Silvestre y Bosques Nacionales, mientras que las categorías con consejo deliberativo son Reserva de Desarrollo Sostenible y Reserva Extractiva. Hay categorías de UCs con consejos aún no especificados: Área de Protección Ambiental, Área de Relevante Interés Ambiental, Reserva de Fauna y Reserva Particular del Patrimonio Particular. El SNUC no deja claro el tipo de Consejo para APAs, de modo que hasta el año 2018 el ICMBio actúa en las APAs como consejos Consultivos⁶.

Los objetivos del consejo consultivo conciernen a la garantía de transparencia de la gestión de la UC por medio de control social, contribución en la elaboración e implantación del Plan de Manejo e integración de la UC con las comunidades, el sector privado, instituciones de investigación, ONGs, poder público, así como con las otras Áreas Protegidas situadas en el entorno. Los consejos deliberativos, a su vez, presentan también funciones adicionales, como la aprobación del Plan de Manejo y la contratación de Oscips para gestión compartida.

Los consejos deben tener representación paritaria de órganos públicos y de la sociedad civil, contribuyendo a la transparencia de la gestión de la UC. En el cuadro siguiente se pueden ver las atribuciones de estos consejos. Vale recordar que, antes de ser consultivos o deliberativos, esos consejos son "gestores", o sea deben involucrarse directamente en la gestión cotidiana de la unidad de conservación.

Las atribuciones de los consejos, de acuerdo con el Decreto nº 4.340 de 22 de agosto de 2002, que regula el SNUC, son:

• elaborar su reglamento interno, en el plazo de noventa días, contados de su instalación;
• acompañar la elaboración, implementación y revisión del Plan de Manejo de la unidad de conservación, cuando corresponda, garantizando su carácter participativo;
• buscar la integración de la unidad de conservación con las demás unidades y espacios territoriales especialmente protegidos y con su entorno;
• esforzarse por compatibilizar los intereses de los diversos segmentos sociales relacionados con la unidad;
• evaluar el presupuesto de la unidad y el informe financiero anual elaborado por el órgano ejecutor en relación con los objetivos de la unidad de conservación;
• opinar, en el caso de consejo consultivo, o ratificar, en el caso de consejo deliberativo, sobre la contratación y los dispositivos del término de asociación con OSCIP, en la hipótesis de gestión compartida de la unidad;
• acompañar la gestión por OSCIP y recomendar la rescisión del término de asociación, cuando constatada irregularidad;
• manifestarse sobre obras o actividades potencialmente causante de impacto en la unidad de conservación, en su zona de amortiguación, mosaicos o corredores ecológicos; y
• proponer directrices y acciones para compatibilizar, integrar y optimizar la relación con la población del entorno o del interior de la unidad, según sea el caso.

En 2014, el Instituto Chico Mendes de Conservación de la Biodiversidad actualizó las directrices y procedimientos para la formación y funcionamiento de consejos consultivos en UCs Federales. A continuación, siguen los principales principios y directrices pertinentes a las competencias de los Consejos (IN 9/20141⁷):

I - Principios:

1. la garantía de la conservación de la biodiversidad, de los procesos ecológicos y de los ecosistemas que están insertos en la Unidad de Conservación y su área de influencia;
2. la garantía de los objetivos de creación de la Unidad de Conservación;
3. la legitimidad de las representaciones y la equidad de condiciones de participación de los distintos sectores de la sociedad civil y del Poder Público; y
4. el reconocimiento, la valorización y el respeto a la diversidad socioambiental de los pueblos y comunidades tradicionales, así como a sus sistemas de organización y representación social, territorios y conocimientos tradicionales.

II - Directrices:

1. promover el diálogo, representación, expresión, gestión de conflictos, negociación y participación de los diversos intereses de la sociedad relacionados con las Unidades de Conservación;
2. asegurar la transparencia de los procesos de gestión de las Unidades de Conservación, con la adecuación a cada realidad local y la participación de diferentes sectores de la sociedad;
3. buscar la integración de las Unidades de Conservación con la planificación territorial de su área de influencia, estableciéndose articulaciones con diversos foros de participación, organismos públicos y organizaciones de la sociedad civil para la mejora de la calidad de vida y del medio ambiente;
4. buscar la integración de la política ambiental con políticas explícitamente orientadas por los tres ejes del desarrollo humano: educación, salud e ingresos;
5. garantizar la legitimidad de las representaciones y la equidad participativa de los diversos sectores, considerando sus características y necesidades, inclusive de poblaciones tradicionales y de comunidades locales económicamente vulnerables, por medio de su identificación, movilización, apoyo a la organización y capacitación;
6. promover la capacitación continuada del equipo gestor de la Unidad y de los consejeros, así como de otros procesos educativos que favorezcan la calificación de los diversos sectores en su forma de actuación en apoyo a la gestión y la efectividad de la Unidad de Conservación;
7. garantizar respuesta oficial y encaminamientos efectivos a las manifestaciones y deliberaciones de los Consejos y la búsqueda de condiciones financieras para su funcionamiento continuo; y
8. asegurar el carácter público de las reuniones de los Consejos y conferir publicidad a sus decisiones y manifestaciones.

El SNUC exige la creación de consejos deliberativos para Resex, RDS y Reservas de la Biosfera y consejos consultivos para las UCs de Protección Integral, Flonas y Mosaicos de UCs. En algunas reservas extractivas, debido a su propio origen estar relacionada con movimientos sociales fuertes, la práctica de foros de decisión es más antigua. Algunas unidades, como la Estación Ecológica de Carijós (SC), poseían comités de gestión antes de la aprobación del SNUC, y transformaron esas estructuras en sus consejos gestores. Vea una evaluación sobre los consejos en la publicación del ISA aquí.

A continuación, se enumeran las recomendaciones derivadas de un análisis de los problemas relativos a la implementación de los consejos de las unidades de conservación.

Recomendaciones para la implementación de los consejos de unidades de conservación⁹:

1. La composición del consejo debe ser la más equilibrada posible entre representantes del gobierno, iniciativa privada y sociedad civil, salvo en unidades de conservación de uso sostenible, donde podrá haber una proporcionalidad mayor para las poblaciones tradicionales que tienen una concesión real de uso sobre las mismas;
2. Los procesos de capacitación, formación y talleres para los consejeros deberán tener carácter de continuidad;
3. Las indicaciones para los cargos de jefes de unidades de conservación deberán considerar el perfil, formación y capacitación necesaria para la conducción de los procesos que efectivizan los consejos;
4. Los consejos de las unidades podrán, dependiendo de sus especificidades, organizar cámaras temáticas - de acuerdo con los problemas de que traten, pudiendo solicitar al órgano gestor la realización de talleres de capacitación para prepararlos y facilitarles las discusiones sobre la elaboración del reglamento interno y sobre cualquier otro tema de interés del consejo;
5. La superagenda de los actores sociales, en función de la participación en diferentes esferas de la gestión pública actual (por ejemplo, en Comités de Cuencas Hidrográficas, Consejos Municipales del Medio Ambiente, Consejos Municipales de Salud, Educación y otros) sugiere que, en algunos casos, pueda ocurrir una superposición de actividades, lo que puede ser visto de forma positiva en función de la transversalidad entre los diversos sectores;
6. Los consejos de los mosaicos de unidades deben ser conformados por representantes de los consejos de las áreas protegidas que los componen, además de otros actores identificados para tal fin;
7. Los espacios de discusión y representación de los consejos deben reflejar los anhelos de la sociedad por avances en cuestiones como género, relaciones intergeneracionales, relaciones interétnicas y multiculturales, entre otras;
8. Las cuestiones regionales, estatales, nacionales e internacionales, así como la relación con otras instancias organizativas locales orientadas a gestiones participativas, cuando ellas están relacionadas con los intereses del consejo, deben formar parte de su pauta de discusiones;
9. Independiente de la categoría de la unidad de conservación, es necesario el desarrollo de planes de manejo sostenible para su entorno, a fin de controlar, mitigar o disminuir los posibles impactos sobre la unidad de conservación;
10. En las unidades de protección integral, en que vivan poblaciones tradicionales y otras, los procedimientos para la elaboración del Término de Compromiso, que versa sobre el uso de los recursos naturales de la unidad por las poblaciones y sobre los procesos para su reasentamiento, deberán ser discutidos en los Consejos y el proceso acompañado por el Ministerio Público.

El papel de estos consejos tiende a crecer con la democratización de la gestión de las unidades, convirtiéndose en el principal componente de la gestión. Es fundamental que algunos principios sean observados en la rutina de los consejos, tales como su legalidad, la legitimidad y la representatividad del consejo, la representatividad de los consejeros y la paridad, tanto de género y de sector, como de gobierno / no gobierno y de empleados / patrones entre los miembros del consejo¹⁰.

Hay varios beneficios de un consejo actuante en UCs, tales como el aumento en el diálogo y la confianza entre el órgano gestor, la comunidad local, los organismos públicos y las instituciones de la sociedad civil; aumento en la gobernanza y el apoyo político de la UC a las comunidades locales, el sector privado, las ONG, las instituciones de investigación, entre otros actores; así como ampliación del conocimiento sobre la región y el contexto político-institucional en que se insertan las UCs.

Gestión y Manejo

Instrumentos de gestión

¿Cómo y por qué manejar UCs?

La preocupación por manejar la naturaleza puede inicialmente generar diversos cuestionamientos: ¿Debemos preocuparnos en manejar la naturaleza? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Dónde? Las respuestas existen, pero, en realidad, las cuestiones anteriores deberían ser: ¿es que la naturaleza no es autosuficiente? ¿ella no podría "arreglarse sola"?

La naturaleza tiene la capacidad de “arreglarse sola” si los ecosistemas son suficientemente extensos y los cambios externos no son demasiado intrusivos. La naturaleza ya se "arregló sola" después de las extinciones masivas, por ejemplo, recobrando la diversidad en algunos millones de años. La evaluación necesaria más cabal sería, por consiguiente, si la especie humana sobreviviría o se extinguiría al dejar la naturaleza lidiar sola con el impacto antrópico.

Así, la mayor de las razones para justificar la necesidad de manejar los ecosistemas que deben ser conservados en las áreas protegidas -o incluso fuera de ellas- es la dimensión (intensidad y escala) del impacto humano y sus consecuencias para nuestra propia especie. Por todas partes, las actividades humanas comprometieron la capacidad natural regenerativa y autosostenible de varios ecosistemas. Si deseamos mitigar los efectos de fenómenos como la conversión de áreas naturales, especies invasoras, ampliación de la actuación de patógenos, contaminación química e industrial, el manejo es una herramienta fundamental.

En el caso específico de las unidades de conservación es posible enumerar razones directas para su manejo¹¹:

1. las áreas protegidas son, en general, menores que lo suficiente para la supervivencia de todas las especies existentes en el área y para el mantenimiento de los procesos ecológicos; así, muchas veces el manejo es necesario para mantener a las poblaciones en niveles viables;
2. las áreas son también demasiado pequeñas para contener el régimen normal de disturbios que condicionan los procesos que mantienen la diversidad; de modo que el manejo es necesario para simular esos disturbios;
3. las áreas protegidas son a menudo tan fragmentadas o tan aisladas que las migraciones naturales son incapaces de contrarrestar las extinciones locales; en estas condiciones, la translocación de individuos entre áreas puede hacerse necesaria;
4. las áreas protegidas son, en general, rodeadas por ambientes antropogénicos hostiles que albergan especies invasoras y procesos degradantes; el manejo puede reducir los efectos de tal situación.

No hay una sola base teórica específica para el manejo, pero es evidente que debe estar fundamentado sobre teorías y estudios biológicos empíricos. Algunos principios son importantes, aunque ante la dimensión del desafío, el enfoque del manejo debe ser creativo, flexible e interdisciplinario:

1. los procesos ecológicos críticos, la composición de la biodiversidad y la interacción entre grupos ecológicos deben mantenerse;
2. a composición de especies no es el único elemento importante en la definición de la biodiversidad, también lo son su estructura y función;
3. las amenazas externas deben ser minimizadas y los beneficios externos maximizados;
4. los procesos evolutivos deben conservarse; y
5. El manejo debe ser adaptativo y lo mínimo posible intrusivo.

¿Enfoque ecosistémico o especies clave?

Hay un intenso debate sobre cuál debe ser el enfoque central del manejo para la conservación. Algunos conservacionistas defienden que el manejo de los ecosistemas es el enfoque apropiado. Este manejo se define como un "enfoque para mantener o restaurar la composición, estructura y función de los ecosistemas naturales o modificados para la sostenibilidad a largo plazo. Se basa en una visión de las condiciones futuras deseadas que integra las perspectivas ecológicas, socioeconómicas e institucionales, aplicadas en un área definida geográficamente como las fronteras naturales del ecosistema"¹².

Un informe¹³ sobre las bases científicas del manejo de ecosistemas elaborado para la Sociedad Ecológica de América enumera los siguientes elementos:

• sostenibilidad: la sostenibilidad intergeneracional debe ser una condición previa para el manejo, es decir, los ecosistemas no pueden ser degradados y, al mismo tiempo, ser responsables de la provisión de bienes y servicios para las futuras generaciones;
• objetivos: deben reflejar las 'trayectorias futuras deseadas' y los 'comportamientos futuros deseados';
• énfasis en los procesos ecológicos: el papel de los procesos y las interconexiones en los ecosistemas son componentes centrales;
• complejidad e interconectividad: reconocidos como componentes inherentes de todos los ecosistemas, deben ser mantenidos de la forma más extensa posible;
• reconocimiento del carácter dinámico de los ecosistemas: se trata de no manejar para mantener una determinada situación, sino esperando y permitiendo las transformaciones de los ecosistemas a lo largo del tiempo;
• contexto y escala: como los procesos de los ecosistemas actúan en escalas variadas de tiempo y de espacio, no hay una escala única adecuada para el manejo;
• seres humanos como parte del ecosistema: las personas deben ser involucradas en el manejo del ecosistema como participantes del proceso todo;
• manejo adaptativo: es importante considerar la dinámica ecosistémica y sociopolítico-económica involucrada en el manejo, de modo que flexibilidad y replantación son importantes; y el monitoreo de todo el proceso da el soporte para la evaluación de las actividades y la necesidad de nuevas estrategias. Se puede entender que objetivos y estrategias de manejo son hipótesis que deben ser probadas por la investigación y las prácticas de manejo en sí, y modificadas cuando sea necesario.

La Convención sobre la Diversidad Biológica aprobó la decisión sobre el enfoque ecosistémico tratado a continuación.

Enfoque ecosistémico

El enfoque ecosistémico es una estrategia para el manejo integrado de las tierras, aguas y recursos naturales que promueve la conservación y el uso sostenible de una manera equitativa. Así, la aplicación del enfoque ecosistémico ayuda a alcanzar el balance de los tres objetivos de la Convención: conservación, uso sostenible y reparto justo y equitativo de los beneficios derivados de la utilización de los recursos genéticos.

Este enfoque está fundamentado en la aplicación de metodologías científicas apropiadas dirigidas a los niveles de organización biológica, que abarca la estructura esencial, los procesos, las funciones y las interacciones entre organismos y su ambiente. En ella se considera que los ecosistemas son sistemas socioeconómicos complejos, que abarcan la interacción y superposición de factores sociales, ambientales y económico-institucionales. Así, para la comprensión de un ecosistema, es necesario considerar los diversos factores relacionados a él, tales como bienestar humano, contexto espacio temporal, arreglo institucional, servicios ecosistémicos y funciones ecológicas.

Este enfoque en la estructura esencial, en los procesos, en las funciones y en las interacciones es consistente con la definición de ecosistema del Artículo 2 de la Convención: "Ecosistema significa un complejo dinámico de comunidades vegetales, animales y de microorganismos y su medio inorgánico que interactúan como una unidad funcional”. Esa definición no especifica ninguna unidad o escala espacial, pudiendo referirse a cualquier unidad funcional en cualquier escala. La escala de análisis y la acción deben ser determinadas por la cuestión en consideración, pudiendo ser, por ejemplo, un grumo de tierra, un lago, un bosque, un bioma o toda la biosfera. Los procesos de los ecosistemas son, en general, no lineales y sus resultados a menudo muestran discontinuidades, lo que lleva a sorpresas e incertidumbres. Los ecosistemas presentan, por tanto, naturalezas complejas y dinámicas, sobre las cuales hay conocimiento incompleto, lo que demanda un manejo adaptativo, concebido en el abordaje ecosistémico.

El manejo adaptativo se define como cualquier "forma de manejo que estimula, cuando sea necesario, cambios periódicos en los objetivos y protocolos de manejo, en respuesta a los datos de monitoreo y otras nuevas informaciones"¹⁴. La idea es, por lo tanto, aprender de los errores y perfeccionar con la práctica. El concepto de Manejo Adaptativo aplicado a la conservación de ecosistemas naturales resulta coherente, principalmente, por la complejidad de estos sistemas socioecológicos, que implica la imprevisibilidad de ciertas situaciones, en las cuales la observación indica que el ecosistema no seguirá el rumbo esperado, sino hay alguna intervención de gestión.

Este enfoque no excluye otros enfoques de manejo y conservación, como las reservas de la biosfera, las áreas protegidas y los programas de conservación de especies, así como otros enfoques existentes en las políticas nacionales. Su objetivo es integrar todos estos enfoques y otras metodologías para manejar situaciones complejas. No hay una única manera de implementar el enfoque ecosistémico, ya que esto depende de las condiciones locales, provinciales, nacionales, regionales o globales.

• Principios del enfoque ecosistémico

1. Los objetivos del manejo de tierras, aguas y recursos naturales son un tema de elección de la sociedad;
2. El manejo debe ser descentralizado hasta el nivel más bajo apropiado;
3. Los gestores de ecosistemas deben considerar los efectos (existentes o potenciales) de sus actividades en los ecosistemas adyacentes y en otros;
4. Reconociendo las ganancias potenciales del manejo, considerando que hay, en general, necesidad de manejar el ecosistema en un contexto económico;
5. La conservación de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas, con el fin de mantener los servicios ecosistémicos, debe ser un objetivo prioritario del enfoque ecosistémico;
6. Los ecosistemas deben ser manejados dentro de los límites de su funcionamiento.
7. El enfoque ecosistémico debe desarrollarse en las escalas temporales y espaciales adecuadas;
8. econociendo las escalas temporales variables y las discontinuidades que caracterizan los procesos ecosistémicos, los objetivos del manejo de ecosistemas deben ser establecidos para el largo plazo;
9. Los gestores deben reconocer que el cambio es inevitable;
10. El enfoque ecosistémico debe buscar el balance apropiado y la integración entre la conservación y el uso de la biodiversidad;
11. El enfoque ecosistémico debe considerar todas las formas de información pertinente, incluidos el conocimiento científico y los conocimientos, las innovaciones y las prácticas tradicionales y locales;
12. El enfoque ecosistémico debe involucrar a todos los sectores relevantes de la sociedad y las disciplinas científicas.

Otros conservacionistas critican este enfoque y recomiendan el uso de especies claves como el enfoque más adecuado de manejo. Algunas de estas críticas pueden resumirse así¹⁵:

1. Énfasis en los procesos ecológicos: este énfasis acaba por causar situaciones donde se conservan procesos, pero se pierden especies, como por ejemplo la sustitución de bosques primarios por secundarios de menor diversidad o la preservación del flujo de energía y del ciclo de nutrientes en ecosistemas con muy pocas especies;
2. Escala espacial: como los ecosistemas no tienen fronteras de fácil identificación y como es difícil evaluar qué ecosistemas son similares a efectos de representatividad, es posible que un área de relevancia para la conservación quede fuera de las estrategias de manejo, o que ecosistemas que ya estén bien representados entre las áreas protegidas sean privilegiados en las estrategias de conservación;
3. Seres humanos como parte del ecosistema: este componente del enfoque ecosistémico presenta dos problemas, según los críticos, limita demasiado el papel de las áreas protegidas de protección integral en la conservación de la biodiversidad y encara el uso de los recursos naturales por los seres humanos,como un proceso natural y no como peligroso para la integridad de los ecosistemas;
4. Manejo adaptativo: las críticas cuestionan si la continua transformación de los procedimientos y objetivos permiten efectivamente aumentar el entendimiento del sistema y cuestionan la validez científica de ese enfoque.

El concepto de especies clave sugiere que, al menos en muchos ecosistemas, ciertas especies tienen más impactos que otras, es decir, las especies clave tienen un impacto en el ecosistema desproporcionalmente grande en relación a su abundancia. Son especies que, cuando se conservan en sus ambientes naturales, resultan en el mantenimiento de un número significativo de otras especies de diversos grupos taxonómicos y en el funcionamiento de sistemas naturales. De esta forma, el manejo de las especies clave combinaría las ventajas del manejo de una especie con las del manejo de ecosistemas: si la especie clave afecta a muchas otras especies de la comunidad, proteger su reproducción y su crecimiento es una forma de conservar las otras especies que interactúan con ella. El uso de especies clave como foco del manejo, a su vez, ha recibido críticas también, pues, además de su identificación ser compleja, el papel desempeñado por ellas es una suposición de difícil constatación.

Los Planes de Manejo

El instrumento de gestión de unidades de conservación utilizado en Brasil es el plan de manejo, a nivel estadual, algunas veces denominado plan de gestión, que debe ser elaborado considerando todos los posibles factores que afectan a la UC y son afectados por ella, indicando acciones necesarias para la plena realización de los objetivos de su creación ¹⁶. Según el SNUC, el Plan de Manejo es el "documento técnico mediante el cual, sobre la base de los objetivos generales de una Unidad de Conservación, se establece su zonificación y las normas que deben presidir el uso del área y el manejo de los recursos naturales, incluyendo la implantación de las estructuras físicas necesarias para la gestión de la Unidad ". Es, por lo tanto, instrumento esencial en la administración efectiva de una UC, al dar las instrucciones necesarias para el cumplimiento de sus objetivos. El plan es obligatorio por ley y debe ser elaborado en los cinco años siguientes a la creación de la unidad. Sin embargo, el desafío para elaborarlos e implementarlos en las unidades de conservación en Brasil es de tal tamaño que algunas se quedan por más de una década sin ningún documento de planificación.

Naturalmente, los planes de manejo de las unidades de conservación de protección integral son distintos de los de las unidades de uso sostenible. El Ibama, órgano responsable de la gestión de las unidades de conservación hasta 2007, cuando esa tarea pasó a manos del ICMBio, produjo en 2002 una Guía metodológica de planificación para las categorías Parque Nacional, Reserva Biológica y Estación Ecológica, con el objetivo de orientar la confección de los planes de manejo de unidades de conservación de protección integral y de algunas categorías de uso sostenible.

En el 2007, ya en el ámbito del ICMBio, se publicó la Instrucción Normativa Nº 01/2007 que reglamenta las directrices, normas y procedimientos para la elaboración del Plan de Manejo Participativo de Unidad de Conservación Federal de las categorías Reserva Extractiva y Reserva de Desarrollo Sostenible. Esta IN formalizó el Plan de Utilización como parte integrante del plan de manejo participativo, el cual consistiría en las "reglas internas construidas, definidas y contraídas por la población del territorio en cuanto a sus actividades tradicionalmente practicadas, el manejo de los recursos naturales, el uso y la ocupación del área y la conservación ambiental, considerando la legislación vigente. Es el documento base para que sea firmado el Término de Compromiso entre la población tradicional beneficiaria de la Unidad, que recibirá la concesión del derecho real de uso, y el Instituto Chico Mendes". En el 2009, fue el turno de la divulgación de la Guía Metodológica para Elaboración de Planes de Manejo de Bosques Nacionales, y en 2012 la Instrucción Normativa Nº 29, que reglamentó en el ámbito federal las directrices, requisitos y procedimientos administrativos para la elaboración y aprobación del Acuerdo de Gestión en UCs de uso sustentable con poblaciones tradicionales.

En el 2015, a su vez, se divulgó la Guía metodológica para la elaboración de planes de manejo para Reservas Particulares del Patrimonio Natural federales. En 2017, aún en ámbito federal, la Instrucción Normativa Nº 7/2017 / GABIN / ICMBIO, estableció directrices y procedimientos para la elaboración y revisión de planes de manejo.

Sin embargo, la última normativa correspondiente es la ordenanza ICMBio Nº 1163 de diciembre/2018, que aprueba una nueva guía metodológica para la elaboración y revisión de planes de manejo de unidades de conservación, revocando todos los anteriores con excepción de la guía metodológica de RPPNs del 2015, que sigue vigente.

Los planes de manejo deben incluir una caracterización ambiental, social, económica e institucional de la unidad, así como programas importantes para su implementación y sostenibilidad, monitoreo y protección. Por otro lado, también es inherente a este proceso la necesidad de una planificación a mediano plazo combinada con una flexibilidad que permita la adaptación a circunstancias que se modifican continuamente. Además, es una condición básica que incluya la participación, los intereses y el bienestar de los habitantes de la región, actores clave en la gestión de la unidad.

Por eso, para la formulación de un plan de manejo, de forma democrática y participativa, uno de los primeros pasos es la identificación de los actores sociales interesados ​​que fortalecen el propósito de la UC. En el caso de las UCs ​​que reconocen comunidades tradicionales beneficiarias, como las Resex, RDS y algunos Bosques, evidentemente ellas son las primeras interesadas. Ellas, en general, poseen formas de representación, organizándose en grupos o asociaciones; sin embargo, muchos actores sociales relevantes no cuentan con una estructura institucional para conducir sus intereses. Además, la equidad de las representaciones de los interesados ​​es también fundamental. Paralelamente, surgen otras cuestiones, como la posibilidad de participación efectiva de los diversos actores, dadas las diferencias culturales y sociales de los involucrados. Lamentablemente, a pesar de las normativas que regulan esas representaciones, siempre pueden surgir más desafíos; así, además de seguir los protocolos, se hace necesaria la continua transparencia, respeto y sensibilidad de los gestores.

Como ya se ha dicho, en el caso de las categorías reserva extractiva y reserva de desarrollo sostenible, además de los planes de manejo, también hay necesidad de elaborar un plan de utilización o acuerdo de uso. Las reglas contenidas en él deben ser elaboradas participativamente, discutidas con los vecinos y aprobadas en la Asamblea General de la Asociación, considerando en forma clara las actividades permitidas y prohibidas en las UCs, así como la especificación de algunas prácticas tradicionales. El respeto a esas reglas de uso comprueba el compromiso de las comunidades tradicionales en cuidar de forma sostenible de su territorio y sus recursos, que constituyen un patrimonio socioambiental nacional. El Acuerdo de Gestión, oficializado a partir de 2012 por la IN ICMBio nº29, regula el uso de los recursos naturales y la ocupación del suelo en Reserva Extractiva y Reserva de Desarrollo Sostenible y en áreas utilizadas por poblaciones tradicionales en Bosque Nacional, Área de Protección Ambiental y Medio Ambiente y Área de Relevante Interés Ecológico. El Acuerdo presupone la sostenibilidad ambiental de la UC, el reconocimiento de los territorios tradicionales como espacios de reproducción social, cultural y económica de las poblaciones tradicionales y el reconocimiento, valorización y respeto a la diversidad socioambiental y cultural de las poblaciones tradicionales y sus sistemas de organización y de representación social.

La zonificación de la unidad de conservación

El SNUC concibe la zonificación como la “definición de sectores o zonas en una unidad de conservación con objetivos de manejo y normas específicos, con el fin de proporcionar los medios y condiciones para que todos los objetivos de la unidad puedan ser alcanzados en forma armónica y eficaz". Como las diferentes categorías de unidad de conservación poseen varios objetivos, la zonificación es un instrumento importante en su cumplimiento.

En el cuadro a continuación es posible verificar las zonas presentadas por la Guía metodológica para la elaboración y revisión de los planes de manejo de las Unidades Federales de Conservación de 2018. La Guía también trae una serie de criterios para la definición de la zonificación, clasificándolos en criterios indicativos de valores para la conservación y criterios indicativos de la vocación de uso. Entre los indicativos de valores para la conservación se encuentran la representatividad, la diversidad de especies, la presencia de áreas de transición entre ambientes, la susceptibilidad ambiental y la presencia de sitios arqueológicos o paleontológicos. Entre los indicativos de la vocación de uso, los criterios son el potencial para visitas, el potencial para concientización ambiental, la presencia de infraestructura, la existencia de usos conflictivos y la presencia de poblaciones. Por lo tanto, la UC en su plan de gestión debe dividirse en secciones de acuerdo con sus usos y objetivos. La guía fue aprobada por la Ordenanza N° 1.163 / 2018, publicada el 31 de diciembre de 2018.

La guía presenta 14 zonas, divididas en cuatro grupos:

Hay también una Zona de Amortiguación (ZA). Tratase de un área delimitada alrededor de las unidades de conservación, cuyo objetivo es minimizar los impactos negativos sobre la UC, y donde las actividades humanas están sujetas a normas y restricciones específicas. La ley del SNUC establece que las ZAs pueden "ser definidas en el momento de la creación de la unidad o posteriormente", pero que, "una vez que sean definidas formalmente, no pueden ser transformadas en un área urbana". La misma ley establece que el plan de manejo debe contemplar la ZA y los corredores ecológicos, así como considerar otras disposiciones normativas que tratan el asunto, tales como las Resoluciones CONAMA 375/2006, 378/2006, 428/2010 y 473/2015, respecto de la definición de la ZA.

Como toda normativa, la zonificación de una unidad también puede devenir un factor que contribuya al conflicto. En el caso de las unidades de protección integral donde hay poblaciones tradicionales residentes o no residentes mas usuarias de recursos naturales, una zonificación justa y efectiva, que dialogue con la tradicionalidad del territorio, así como con la gestión del paisaje, resulta indispensable para lidiar con conflictos sobre el uso del territorio y de la biodiversidad. Hay también casos de superposición entre áreas protegidas, tales como unidades de conservación y tierras indígenas.

En el caso de las reservas de extracción y de las reservas de desarrollo sostenible, la zonificación debe definirse con las comunidades, integrando los instrumentos técnico-científicos disponibles y el conocimiento y la forma de vida de la comunidad, a fin de identificar la diversidad de ecosistemas, de especies de fauna y flora presentes y modificaciones en los paisajes naturales del área, describiendo los posibles usos y restricciones para cada zona a ser creada. El gran desafío es entender la zonificación como un documento dinámico, un proceso en continua transformación, que refleja tanto como sea posible la dinámica de la naturaleza misma en el área de reserva.

Monitoramento de UCs

El monitoreo de las unidades de conservación y de su manejo es necesario dado que las áreas protegidas se enfrentan a continuas amenazas y dado que la biodiversidad que se quiere conservar es dinámica. En general, el monitoreo se realiza con la finalidad de promover el manejo adaptativo, perfeccionar la planificación y / o verificar la eficiencia de la unidad. El manejo adaptativo es un proceso cíclico, en el cual las informaciones sobre el pasado retroalimentan y perfeccionan la forma en que el manejo será conducido en el futuro. Para ello, evaluar la efectividad de las actividades de manejo adoptadas es un paso fundamental. El perfeccionamiento de la planificación va desde la evaluación del diseño de la unidad y sus conexiones con los ambientes fuera de sus límites, hasta el análisis de los programas desarrollados en la unidad. Por último, la verificación de la eficiencia, una demanda creciente de la sociedad, permite examinar cómo, y si, los objetivos de la unidad se están cumpliendo ya qué costos.

El monitoreo de las áreas protegidas puede darse en dos escalas y en al menos dos enfoques. La primera escala es la de la unidad de conservación en sí, la evaluación de una determinada unidad. La segunda escala es la del sistema de áreas protegidas - nacional o regional. En este caso, las unidades se examinan como parte de un sistema que tiene objetivos más amplios y efectos complementarios. En lo que se refiere a los enfoques, el primero es relativo a la eficiencia del manejo y, el segundo, a la eficiencia de la conservación de la biodiversidad. Evidentemente, esos enfoques se confunden, pues el manejo apunta, entre otros objetivos, a garantizar la conservación de la biodiversidad. No obstante, los indicadores para esos enfoques deben ser diferentes, pues es posible tener un manejo que cumpla sus objetivos preestablecidos, pero no asegure el mantenimiento de la biodiversidad.

Hay numerosas iniciativas de monitoreo de unidades de conservación. En Brasil, se aplica algunas metodologías complementarias de monitoreo y evaluación de la gestión de las unidades, como el Rappam (Rapid Assessment and Priorization of Protected Areas Management), que opera una evaluación rápida, con vistas a priorizar el manejo de UCs. En el ámbito del Arpa se utiliza otro instrumento de monitoreo y evaluación: la FAUC (Herramienta de Evaluación de las Unidades de Conservación), una adaptación del Management Effectiveness Tracking Tool, desarrollada por la Comisión Mundial de Áreas Protegidas, como parte de la iniciativa Forestal, formada por el Banco Mundial y el WWF (Fondo Mundial para la Naturaleza).

En los últimos años, el Sistema de Análisis y Monitoreo de Gestión (SAMGe) se estableció como una herramienta oficial para analizar y monitorear la efectividad de gestión de las UCs ​​federales; creada por la División de Monitoreo y Evaluación de Gestión en la Directoría de Creación y Manejo del ICMBio e institucionalizada por la ordenanza nº 306 del 31 de mayo de 2016. Según el propio ICMBio¹⁷ el SAMGe se articula en las relaciones entre recursos y valores asignados en objetivos, sus interrelaciones con la sociedad por medio de los usos y cómo la institución responde a los desafíos territoriales de gestión. Estos elementos determinan la efectividad de la gestión, que es el cumplimiento de la política pública dentro de un espacio territorialmente protegido. La herramienta ya viene sirviendo como recurso para la elaboración y revisión de los Planes de Manejo, así como para la toma de decisión en diferentes sectores de la Institución. De la misma forma, el Ministerio de Medio Ambiente (MMA) se ha valido del SAMGe como instrumento para medir la efectividad de gestión de las unidades de conservación bajo el paraguas de diversos proyectos, además de considerar otras formas de aplicación de la metodología como herramienta de ayuda en la asignación de recursos y esfuerzos de gestión.

También existe el monitoreo realizado por el ISA, que se hace desde una perspectiva diferente, la de la sociedad civil, y que agrega a la información oficial, otras provenientes de medios monitoreados diariamente y de fuentes suplementarias. Lea más sobre nuestras actividades haciendo clic aquí.

Conviene mencionar que estas iniciativas no evalúan directamente la protección de la biodiversidad o los procesos que mantienen su integridad. Para evaluar la conservación de la biodiversidad en las áreas protegidas federales brasileñas, en 2017 se instituyó, a partir de la IN Nº3 del 04 de septiembre¹⁸, el Programa Nacional de Monitoreo de la Biodiversidad, orientado al monitoreo del estado de la biodiversidad y de los servicios ecosistémicos asociados. Hay, así, iniciativas de monitoreo del ICMBio, algunas aún en fase experimental y de planificación. Tales iniciativas están siendo desarrolladas, probadas, mejoradas e implementadas, en vista de la importancia del monitoreo para la gestión y efectividad de las UCs. Entre las directrices del Programa, consta el "estímulo y reconocimiento de la importancia del monitoreo participativo, en las diversas etapas del Programa, tales como la planificación, la recolección y análisis de datos, la interpretación de resultados y el compartir los aprendizajes; el fortalecimiento del protagonismo de las comunidades locales en la gestión y el uso sostenible de los recursos naturales, de forma integrada a la gestión de las UC". En este contexto, surge el Programa de Monitoreo Participativo de la Biodiversidad, que busca conciliar monitoreo y mantenimiento de áreas protegidas, con participación social.

El monitoreo participativo con involucramiento de las comunidades locales trae importantes logros socioambientales que permiten el levantamiento de datos de áreas remotas; agilidad en la implementación de las informaciones a la gestión local, a fin de que ella sea útil e influyente en la práctica del manejo y conservación de la biodiversidad; aproxima a las personas que residen cerca de UCs, lo que acarrea mayor afinidad con la conservación, articulándose también con gestión compartida y reducción de conflictos; permite asimismo la verificación y readecuación de actividades de manejo; reducción de costos de recolección de datos, lo que simultáneamente puede generar capacidades entre actores locales involucrados; inversión en movilización social y capacitación; además de posibilitar un monitoreo de larga duración, en cuanto más asociado esté al cotidiano de manejo.

La evaluación conjunta de la biodiversidad y la propuesta colaborativa de adaptaciones sobre la base de las informaciones recopiladas es una manera importante y eficiente de desarrollo socioambiental. Sin embargo, consolidar la participación local no es una tarea simple y rápida, depende de transparencia y compromiso. Pero se trata de un proceso cuyos beneficios acarrean protagonismo y compromiso de las comunidades e instituciones locales, así como éxito en el manejo y la conservación.

Hay todavía todo el universo de los impactos sociales, culturales y económicos que las áreas protegidas ejercen sobre las comunidades locales, y que no venían siendo monitoreados ni evaluados. Esta cuestión no es reciente, sino que está continuamente en agenda. Hay, a la vez, iniciativas emergentes de la sociedad civil, con miras a evaluar y monitorear los impactos sociales de las áreas protegidas. Los ejemplos son la Evaluación de Impactos Sociales en Áreas Protegidas, AISAPS, capitaneada por el Instituto Internacional de Educación de Brasil (IEB) y el WWF, y el sistema de monitoreo socioambiental de las áreas protegidas, iniciativa del ISA.

Manejo del fuego

Además de los desafíos financieros, otros problemas deben ser abordados después de la creación de una unidad de conservación. Estas dificultades están relacionadas con decisiones sobre los procedimientos a seguir en el manejo y la gestión de la unidad. Aquí, el desafío reside en la falta de conocimiento sobre la totalidad de los procesos que generan y mantienen la biodiversidad, cuya integridad debe ser preservada, y la necesidad concomitante de acción. Este es el reto de toda biología de la conservación: no es posible esperar a obtener todos los datos para comenzar a actuar - manejar y gestionar - porque la biodiversidad está continuamente amenazada, inclusive en las áreas protegidas.

La presencia – o la ausencia – premeditada de fuego en las unidades de conservación ilustra bien la necesidad de actuar a pesar de las limitaciones del conocimiento sobre la complejidad de los ecosistemas. En varios parques de África, el fuego era parte de la dinámica del ecosistema antes de la creación del área protegida. Con el establecimiento de parques, vinieron las políticas de supresión de incendios y, en consecuencia, cambios en la vegetación, que se reflejaron en alteraciones, a menudo indeseables, en la fauna. Un ejemplo es el Parque Nacional Kruger, en Sudáfrica: después de su creación, que provocó la exclusión de los indígenas y los cazadores, la frecuencia de los incendios decreció. Como resultado de ello, áreas anteriormente abiertas fueron invadidas por arbustos, reduciendo las condiciones de los herbívoros y afectando, por lo tanto, la fauna. Fue necesaria la reintroducción de las quemadas para traer de vuelta la fauna ;¹⁹.

Hay otros casos, como los bosques de coníferas de media y gran altura de las montañas de Sierra Nevada en California, donde la protección contra incendios, aprobada desde 1890, ha tornado la zona más densa y sombreada, causando una reducción en el número de plántulas de secuoya. Esta estrategia ha transformado también el chaparral presente en zonas más bajas, donde la vegetación aumentó en densidad, la cantidad de combustible aumentó, las especies intolerantes al fuego se diseminaron y la diversidad vegetal disminuyó.

Aunque el fuego causa impactos en diversos ecosistemas (ver en Incendios y Quemadas), no se puede, por lo tanto, descartar su importancia en ciertos ambientes. En el cerrado, la sabana brasileña, dos tercios de las especies, que constituyen el estrato herbáceo, son adaptadas a quemas frecuentes y muchas de ellas pueden desaparecer en la ausencia total de fuego. De modo que es importante estudiar los ecosistemas y evaluar la importancia de quemas controladas, ya que el fuego puede ser responsable por el mantenimiento de la biodiversidad, como lo es en el cerrado.

En el suelo ácido y pobre en nutrientes del bioma de la sabana, la vegetación tiende a acumular gran cantidad de lignina en las hojas, sustancia estructural de difícil descomposición. El fuego, en ese caso, acelera el proceso de reciclaje de los nutrientes, permitiendo que sean reaprovechados más rápidamente por las especies rastreras. Además, el choque térmico provocado por el fuego interrumpe la hibernación vegetativa de las semillas, causando fisuras que favorecen la penetración del agua, y estimulando la germinación. La vegetación herbácea rebrota en corto período, atrayendo diversos herbívoros, y los árboles presentan defensas adaptativas, como las gruesas cortezas que recubren el tronco y funcionan como aislante térmico. Resultado de millones de años de evolución bajo la influencia del fuego ²⁰.

A pesar del fuego ser considerado como uno de los elementos determinantes de la diversidad de paisajes del cerrado, en muchos casos la estrategia adoptada ha sido la supresión total de incendios en las UCs. Esta estrategia altera el régimen de fuego característico del cerrado y, por consiguiente, amenaza su biodiversidad, a grosso modo, de dos formas: perjudicando procesos tales como colonización, establecimiento de nuevos individuos y competición; y a través de la ocurrencia inevitable de grandes incendios, debido al exceso de material orgánico acumulado, que se comporta como combustible, propagando el fuego. Estos incendios, que han sido frecuentes, pueden causar la muerte de individuos que no están preparados para tal intensidad de fuego.

La polémica sobre la conveniencia de supresión o no de incendios es alimentada por la relativa falta de datos sobre el papel del fuego en el cerrado, aliada a la falta de estructura para la realización del manejo de forma adecuada. La estructura necesaria para la actividad involucra brigada de fuego entrenada y equipada, a fin de contar con garantías de seguridad, en caso de que el fuego salga del control. Sin embargo, las UCs, tanto federales como estatales, presentan gran carencia de recursos humanos y materiales, lo que dificulta, aún hoy, la obtención de licencia de los órganos ambientales para el manejo de fuego. Sin embargo, a pesar de este escenario, los gestores de las unidades de conservación deben tomar decisiones y adoptar ciertas prácticas de manejo. Todo este panorama corrobora la importancia de una planificación basada en estudios específicos a cada área protegida, a través del plan de manejo, sumado al fortalecimiento de la agenda ambiental, garantizando inversiones financieras a la gestión y manejo de áreas protegidas. En el caso del fuego, en los últimos años, el concepto de manejo integrado del fuego ganó prominencia, pasando a abarcar desde las características ecológicas de cada bioma hasta su uso tradicional, pudiendo ser visto como beneficioso o perjudicial, dependiendo de cómo, donde, cuándo y por qué se utiliza. Así, el Manejo Integrado del Fuego busca un equilibrio entre estos diversos aspectos enfocando en la conservación de la biodiversidad y protección del clima, además de ofrecer beneficios a las comunidades locales.

Turismo

¿Qué es turismo?

“El turismo es una actividad transversal y global, con fronteras fluidas, que interfiere en los tejidos económicos y sociales, en las dinámicas demográficas y de empleo, en el patrimonio natural y cultural, en los comportamientos de las poblaciones y en la ocupación, el ordenamiento y el funcionamiento de los territorios [ ...] Es visto como conductor para la gestión de todos los recursos, de tal manera que las necesidades económicas, sociales y estéticas puedan ser satisfechas sin descuidar el mantenimiento de la integridad cultural, de los procesos ecológicos esenciales, de la diversidad biológica y de los sistemas que garantizan la vida." ²¹

La acumulación de experiencias, variedad de iniciativas y evolución conceptual, fueron diseñando diferenciaciones entre las diversas modalidades de turismo: turismo ecológico, turismo social, turismo de base comunitaria o vivencia comunitaria, ecoturismo, turismo científico, turismo de aventura, entre otros.

La actividad turística, en sus múltiples variaciones, desarrollada de manera consciente y planificada en áreas protegidas, tiene un gran potencial para sensibilizar a la población. Experiencias transformadoras proporcionadas por el turismo pueden acercar a las personas a procesos ecológicos y territoriales con un alto potencial para multiplicar y transformar el comportamiento y el posicionamiento político y social. El turismo también está relacionado con rendimientos monetarios, y esa es también una de las razones para el establecimiento de zonas para dicha actividad dentro de áreas protegidas, lo que acontece en todo el mundo ²² (obtenga aquí más información sobre zonificación).

El turismo es una gran oportunidad para que las personas realicen buenas experiencias con la naturaleza, lo que fomenta la importancia de mantener y conservar la biodiversidad. Esta actividad crea oportunidades para transmitir valores de conservación a través de la educación y la interpretación ambiental, promueve valores estéticos, espirituales y de otro tipo relacionados con el bienestar, además de ayudar a comunicar e interpretar valores del patrimonio natural y construido, así como del legado del patrimonio para visitantes y residentes en las áreas visitadas, lo que ayuda a formar consumidores más responsables ²³.

El desarrollo del turismo en áreas protegidas respalda una nueva perspectiva de soluciones basadas en la naturaleza, alineadas con el mejor uso del ecosistema natural y con la sostenibilidad y la multifuncionalidad del ecosistema ²⁴. La resiliencia del área protegida también es un factor influido positivamente por el turismo, a través de la inversión en educación e infraestructura, el fortalecimiento institucional y la adaptación e incorporación a las políticas nacionales ²⁵. Por lo tanto, el turismo también puede tener una influencia importante en políticas sobre áreas protegidas, conservación y desarrollo sostenible. Esto se debe a que, cuanto más gana visibilidad y apreciación un área protegida, tanto más es reivindicada políticamente por la población ²⁶.

Las alianzas también tienen éxito en aumentar la comprensión de los valores de las áreas protegidas y en proporcionar beneficios sociales y económicos a las comunidades locales, así como en mejorar las experiencias de los visitantes. Lograr resultados sostenibles a través de asociaciones de turismo contribuye a la capacidad de mejorar el acceso a la financiación; establecer interconexiones entre las partes interesadas, incluidos los visitantes, las comunidades locales y los principales tomadores de decisiones, estimulando la comprensión y disminuyendo el conflicto entre ellos ²⁷.

La actividad turística también está relacionada con beneficios socioeconómicos como la generación de empleo y de ingresos. Globalmente, el número de visitas a áreas protegidas terrestres es estimado en 8 mil millones por año, lo que se traduce en aproximadamente 600 mil millones de dólares. Tales impactos económicos son considerablemente positivos, y se estima un potencial aún mayor con una inversión de 10 mil millones de dólares por año en las UCs ²⁸.

Las economías son redes complejas de interacción entre consumidores y productores, donde cada actividad es interdependiente de otros sectores. De manera que un cambio en la demanda final de un bien o servicio puede tener un efecto multiplicador en toda la economía, ya que las empresas emplean insumos unas de otras. Cuando los turistas visitan una UC, gastan dinero para comprar directamente varios bienes y servicios en la región. Los establecimientos turísticos que interactúan directamente con los turistas deben, a su vez, consumir de otras industrias proveedoras (por ejemplo, un restaurante que compra en un mercado), lo que agrega efectos indirectos derivados de los gastos de los visitantes dentro de la economía ²⁹.

^{O ranking completo puede ser acessado aquí.}

Se estima que los beneficios socioeconómicos y socio-ambientales pueden amplificarse a partir de inversiones adicionales en uso público en las UCs. La idea es que ampliando y haciendo más accesibles las visitas, habría una expansión de las economías locales, generando beneficios para las comunidades locales y asegurando el desarrollo sostenible de los destinos turísticos.

Desafíos

Sin embargo, los impactos del turismo pueden ser no sólo positivos. Al igual que todas las actividades, el turismo también conlleva riesgos y daños: desperdicios, depredación del patrimonio natural y cultural, polución acústica y visual y, a veces, el asedio a las comunidades locales son ejemplos de las consecuencias negativas que pueden estar relacionadas con las actividades turísticas. Alcoholismo, explotación sexual y sobreexplotación del área son ejemplos de efectos nefastos que pueden impactar negativamente no sólo en el área protegida, sino en toda la región en la que ella se inserta.

En las UCs, la concentración de visitantes también se vincula con posibles impactos nocivos sobre la flora, la fauna, el suelo y los recursos hídricos ³⁰. La presencia masiva de visitantes y la construcción de infraestructura y otros servicios impactan directamente en el medio ambiente, comenzando por la remoción de la vegetación, la eliminación de hábitats, la compactación de los suelos, además de perturbaciones directas a los animales, por efecto de la adición de sonidos, olores y otros estímulos que impactan en su dinámica ecológica (reproducción, alimentación, crecimiento, comportamiento). La habituación al ser humano puede provocar, por ejemplo, cambios en el comportamiento de vida de los animales silvestres, que comienzan a acercarse a las personas en busca de alimento.

Varios estudios demuestran los impactos negativos causados ​​por el turismo en áreas naturales ³¹. Andaman y Nicobar (India) llaman la atención sobre el impacto de la actividad turística en la reducción poblacional de especies endémicas locales; Tommasi (1992) explica cómo el turismo en áreas marinas puede afectar variables ambientales, como la reducción de la penetración de la luz en el agua, debido al aumento del material en partículas en suspensión, de microorganismos de origen fecal, de sedimentos, etc.

Fortaleciendo las oportunidades y evitando los daños

El turismo, por lo tanto, es una actividad con mucho potencial positivo, que requiere planificación y monitoreo y, lo que es más importante, el protagonismo de las comunidades involucradas y el respeto hacia ellas. De esta manera, es posible maximizar los beneficios y el rico intercambio de experiencias, así como minimizar los perjuicios.

La zonificación, los estudios de capacidad de carga y los impactos de las visitas deben ser priorizados, atendiendo a la función principal de una Unidad de Conservación, que es la conservación de la biodiversidad y los procesos socio-ambientales.

El monitoreo es un componente esencial de cualquier proceso de planificación y gestión, sin el cual nada se sabe sobre el proceso en rumbo hacia objetivos definidos. De esta manera, el seguimiento continuo, enfocado en las adaptaciones y la evaluación del proceso turístico, es esencial para garantizar buenos resultados de la actividad a corto, mediano y largo plazo.

Turismo de Base Comunitaria (TBC)

El Turismo de Base Comunitaria (TBC) es una modalidad fundada en la vivencia y el intercambio de diferentes realidades socioculturales y en el protagonismo comunitario. Según el ICMBio ³², “El Turismo de Base Comunitaria es un modelo de gestión de visitas protagonizado por la comunidad, que genera beneficios colectivos, promueve la vivencia intercultural, la calidad de vida, valora la historia y la cultura de esas poblaciones, así como el uso sostenible con fines recreativos y educativos de los recursos de la Unidad de Conservación ".

Por lo tanto, el TBC se presenta como una vía justa para la gestión de los territorios de la comunidad, ya sean áreas protegidas o no, dado que permite - junto con los ordenamientos productivos sustentables que generan y distribuyen ingresos - compartir formas de vida, historia, significados e identidad comunitaria, haciendo posible incluso el establecimiento de una red de contactos que pueden mejorar las estrategias locales de conservación. Enriquecer la visión del mundo y sus desafíos, aumentando la conciencia de responsabilidades y poder de incidencia, es uno de los grandes frutos de una vivencia comunitaria.

Sostenibilidad Financeira

Ante los desafíos de la selección de las áreas y de las dificultades políticas involucradas en el establecimiento de unidades de conservación (UC), se puede tener la impresión de que el gran obstáculo en la cuestión de las áreas protegidas es la creación y que, una vez establecidas, todo se torna muy simple. Ocurre, sin embargo, que los desafíos de la aplicación y la gestión son aún mayores, aunque de naturaleza diversa. Este escenario se agrava por el hecho de que las políticas públicas están más enfocadas en la creación que en el mantenimiento de las unidades, lo que se refleja, incluso, en la asignación de los recursos. Es decir, es más fácil conseguir recursos para el establecimiento de nuevas UCs ​​que para la implementación o manejo de las ya creadas.

Además de la limitación de los recursos, hay la cuestión de los procedimientos de manejo a ser adoptados para asegurar el mantenimiento de los procesos biológicos, y, consecuentemente, la biodiversidad del área. En resumen, hay dificultades de dos naturalezas en esta fase: las que se presentan a nivel de recursos, en general más relacionadas con la implementación de la unidad, pero que también condicionan las actividades de manejo, y las de naturaleza ecológica, aquellas ligadas a las decisiones de manejo y gestión del área, que van desde el manejo de poblaciones animales o vegetales hasta las relaciones de la unidad con las comunidades del entorno.

La sostenibilidad financiera del Sistema Nacional de Unidades de Conservación, es decir, la fuente y la forma de provisión de los recursos necesarios para el mantenimiento y expansión del SNUC y su debida implementación y gestión efectiva, es uno de los grandes desafíos para la plena realización de su trabajo a fin de garantizar la conservación de la biodiversidad, paisajes, procesos ecológicos y geomorfológicos, del patrimonio arqueológico y paleontológico, además de la valorización y divulgación del conocimiento tradicional.

Debido a la complejidad del tema, acentuada por los propósitos diferenciados de las categorías de UCs, contexto particular de cada región del país en que están insertas y su significado sociopolítico, la búsqueda por la sostenibilidad financiera requiere la adopción de un conjunto diferente de principios y directrices que armonicen el conjunto planificación, gestión y monitoreo financiero de las UCs. La combinación de fuentes de financiamiento, tales como el presupuesto de las UCs por el ICMBio, órganos como el Instituto Brasileño del Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables (IBAMA) - aún responsable del Programa Prevención y Combate a la Deforestación, Quemadas e Incendios Forestales, que asigna recursos en acciones ligadas al SNUC – Servicio Forestal Brasileño, Cooperacio´øn Internacional y Programas Especiales, como el ARPA (Programa Áreas Protegidas en la Amazonía), la compensación ambiental, multas, donaciones, turismo (ingresos, concesiones de servicios, ventas de productos e imagen) o ICMS Ecológico, debería llevar a una planificación estratégica de asignación de recursos, que podría contribuir mucho a una gestión más efectiva de las áreas protegidas brasileñas.

Además de las inversiones en recursos, también hay el retorno financiero vinculado a las áreas protegidas. Aunque las investigaciones en costos y retornos monetarios de conservación no son tan comunes, los estudios recientes buscan relacionar las ganancias financieras al mantenimiento de esas áreas, con el propósito de valorar y disponer de más recursos para tales iniciativas de conservación. Además de las inversiones en recursos, también hay el retorno financiero vinculado a las áreas protegidas. Aunque las investigaciones en costos y retornos monetarios de conservación no son tan comunes, los estudios recientes^{33 y 22} buscan relacionar las ganancias financieras al mantenimiento de esas áreas, con el propósito de valorar y disponer de más recursos para tales iniciativas de conservación.

En Brasil, sin embargo, históricamente el 'sector ambiental' tiene poco peso político, uno de los factores que corrobora el hecho de que el Ministerio de Medio Ambiente (MMA) fue creado sólo en 1992 - aunque desde 1973 fue instituida la Secretaría Especial del Estado Medio Ambiente, la cual compartía gran parte de las atribuciones presentes del Ministerio, estando vinculada al Ministerio del Interior. Una de las consecuencias de este escenario, es que el MMA es uno de los Ministerios menos favorecidos en el traspaso de fondos del presupuesto público.

A pesar de los retornos en términos socioeconómicos e incluso financieros de las UCs, las inversiones en el sector ambiental ya han decaído. Un levantamiento demostró que en cinco años el presupuesto del MMA tuvo una caída de más de R $ 1,3 mil millones. En 2013, año en que la inversión alcanzó el pico, el presupuesto previsto era de unos 5.000 millones de reales, mientras que en 2018, el presupuesto autorizado fue de 3.700 millones de reales. En 2018, esa reducción implicó una caída de cerca del 44% en el repaso de fondos al ICMBio - la previsión presupuestaria para el área fue de $ 708 millones de reales para ese año, a diferencia de $ 1,25 mil millones de reales en 2017.

En el 2017, el presupuesto destinado a las unidades de conservación y a acciones como el combate a la deforestación, la conservación de especies, la regularización de inmuebles rurales y la implementación de la Política Nacional de Recursos Hídricos fue de cerca de R $ 2,216 mil millones. Mientras que en el 2018, el presupuesto para todas esas áreas decreció a R $ 2,123 mil millones. Además, los fondos transferidos directamente a las UC se redujeron en más de R $ 15,7 millones - R $ 252 millones en el 2017, a diferencia de $ 236 millones reales en 2018. Reducciones en el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Innovaciones y Comunicaciones también impactaron en el medio ambiente, ya que el monitoreo de la deforestación en los diversos biomas tuvo un recorte del 60%. La propuesta de presupuesto de la acción cayó de R $ 5,4 millones en el 2017, a $ 2,2 millones reales en 2018³⁵.

Los desafíos relacionados con los recursos se extienden también a la escasez de recursos humanos. De acuerdo con el TCU³⁶, en el 2008, las UCs ​​amazónicas contaban con un servidor por cada 3.268 km². La ESEC Tierra del Medio (PA), por ejemplo, cuya área es equivalente a casi seis veces el Distrito Federal, contaba con sólo dos servidores para su gestión, aunque ella está localizada en el arco de la deforestación - región que sufre todavía alta presión por la tala ilegal de madera y el grilaje de tierra. Otro ejemplo, también en Pará: la RESEX Tapajós-Arapiuns poseía tres servidores para la gestión de un territorio con más de 18 mil habitantes en un área de 677 mil hectáreas. El escenario de las UCs federales del país era un poco mejor, pero aún por debajo de las necesidades de las UCs para una gestión y manejo eficaces: contaban con un servidor por cada 430 km².

En el caso de los municipios de la Amazonia brasileña, se observó un aumento de la pobreza, En el promedio, esto correspondería a cerca de 2,6 funcionarios para cada una de las 136 UCs federales existentes en la Amazonia Brasileña ese año, o sea, un equipo extremadamente por debajo de lo necesario. Además, la asignación de los funcionarios no sigue un patrón sistemático: mientras, por ejemplo, el equipo de FLONA del Tapajós contaba aquel año con 18 personas y la Reserva Biológica del Jaru con 12, otras 24 UCs contaban con apenas un funcionario, como las RESEX Tierra Grande-Pracuúba, Arapixi y Mapuá y el PARNA de la Serra da Cutia.

Según el ICMBio³⁶, en diciembre de 2014 había 361 funcionarios asignados a las UCs federales de la Amazonia brasileña, siendo 287 del área ambiental, entre cargos técnicos, analistas o comisionados, y 37 del área administrativa, entre cargos técnicos o de analistas. En promedio, esto correspondería a cerca de 2,6 funcionarios para cada una de las 136 UCs federales existentes en la Amazonia Brasileña de ese año, o sea, un equipo extremadamente por debajo de lo necesario. Además, la asignación de los funcionarios no sigue un patrón sistemático: mientras que, por ejemplo, el equipo de FLONA del Tapajós contaba aquel año con 18 personas y la Reserva Biológica del Jaru con 12, otras 24 UCs contaban con apenas un funcionario, como las RESEX Tierra Grande-Pracuúba, Arapixi y Mapuá y el PARNA de la Serra da Cutia.

Obviamente el escenario de déficit presupuestario y equipo insuficiente impacta directamente en las actividades cotidianas en las UCs, comprometiendo así las acciones de manejo y conservación de la sociobiodiversidad. Es esencial, por lo tanto, el fortalecimiento de la agenda ambiental, que impacta directa e indirectamente en la vida humana, para posibilitar la gestión de todas las actividades de conservación y manejo que, en última instancia, son responsables por el mantenimiento de las funciones y servicios ecosistémicos que son esenciales incluso para la vida humana.

Además, la falta de inversión en gestión ambiental impide la inyección anual de miles de millones de reales en la economía brasileña a partir de las áreas verdes protegidas. Las UCs ​​presentan un fuerte potencial de contribución a la economía nacional, a través de actividades como la extracción sostenible de recursos como madera, la pesca, la generación de energía y la mitigación de los efectos del cambio climático. Se trata de una de las áreas que podría generar más riqueza y oportunidades de empleo en el país, si hubiera más inversión en gestión ambiental. Así, las UC se perfilan, una vez más, como importantes componentes para el desarrollo social, económico y ambiental que es fundamental para el futuro brasileño.

Pressiones y Desafíos

Las UCs ​​son uno de los principales instrumentos de conservación de la biodiversidad y del mantenimiento de los recursos naturales. Sin embargo, sufren con fragilidades como la falta de recursos financieros y humanos, la discontinuidad de las acciones, los intereses políticos contrarios a la conservación de la naturaleza y los conflictos que involucran comunidades tradicionales / locales, iniciativa privada y poder público.

Deforestación

La deforestación predatoria sigue siendo una de las amenazas más temibles que se ciernen sobre las Unidades de Conservación brasileñas. La explotación maderera y la ganadería ilegal se muestra como actividades determinantes en este proceso y responsables de la inducción de una serie de otros procesos degenerativos, como la perturbación ambiental, pérdida de la calidad de vida y aumento de la violencia asociadas a estas prácticas ilegales³⁷. Este escenario se repite incluso a pesar del actual conocimiento sobre la suficiencia de las áreas ya deforestadas para el mantenimiento de actividades económicas, como la agropecuaria, que es también una de las grandes causas de esa retirada de vegetación nativa.

Los impactos de la retirada de vegetación nativa incluyen la pérdida de oportunidades para el uso sostenible de los recursos ambientales, los impactos en la dinámica hídrica, la biodiversidad y el ciclo del carbono, además de sacrificar la oportunidad de capturar el valor de los servicios ecosistémicos proporcionados por el mantenimiento de la naturaleza, y los impactos se extienden incluso a la propagación de enfermedades. Además, la deforestación emite gas carbónico y otros gases de efecto invernadero. A pesar de que parte del CO₂ se reabsorbe en el retroceso de bosques secundarios en las áreas deforestadas, otros gases de efecto invernadero, tales como metano y óxido nitroso, no son reabsorbidos e influyen en los cambios climáticos.

La pérdida de vegetación nativa se relaciona también con otras diversas actividades humanas, como incendios, comercio de maderas, expansión de actividad agropecuaria, expansión urbana, construcción de carreteras y otros medios de transporte, producción pecuaria a gran escala, expansión de la frontera agrícola y minería. Otros impactos también pueden estar asociados a la retirada de vegetación, lo que amplía la importancia de monitorear la situación y pensar en formas de mitigación correspondientes.

El monitoreo de linca presión

El monitoreo de la deforestación en la Amazonía es hecho por el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (Inpe), del Ministerio de Ciencia y Tecnología, en asociación con el Ministerio de Medio Ambiente (MMA) desde 1988. El objetivo de este proceso es cuantificar la deforestación de áreas con vegetación nativa y, a partir de eso, fundamentar políticas públicas aplicables. Además, el monitoreo permite medir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) por deforestación ilegal, lo que también orienta políticas, principalmente relacionadas al Cambio del Clima, en vista del cumplimiento de metas de reducción gradual de emisiones de GEI hasta el año 2020 asumidas por el Gobierno Brasileño³⁸.

Para ello hay dos sistemas de monitoreo vía satélite: PRODES y DETER. El Programa de Monitoreo del Bosque Amazónico Brasileño por Satélite (Prodes) registra por satélite la deforestación por corte raso en la Amazonia legal. Los datos se presentan en el segundo semestre de cada año, en forma de estimación, y posteriormente, en el primer semestre del año siguiente, se presentan los datos consolidados. Con esas informaciones se calculan las tasas anuales de deforestación, son realizadas proyecciones y es mantenido un banco histórico de datos geográficos.

El sistema de Detección de la Deforestación en Tiempo Real (Deter), utilizado desde 2004, registra mensualmente las áreas de corte bajo y de proceso progresivo de deforestación por degradación de los bosques. Se trata de la identificación de las áreas de alerta para las acciones rápidas de control de deforestación. El sistema detecta sólo deforestaciones con área mayor de 25 ha, pero presenta los datos por filtros de selección, tales como según municipio, estado, base operativa del Ibama y unidades de conservación, además de producir alertas diarias, lo que facilita y agiliza operaciones de fiscalización.

En función de las indicaciones del crecimiento de la degradación forestal de la Amazonía obtenidas a partir de los datos del Deter, el Inpe desarrolló también el sistema de Mapeo de la degradación forestal en la Amazonia Brasileña (Degrad), destinado a mapear áreas en proceso de deforestación donde la cobertura forestal aún no ha sido removida completamente. El programa fue reemplazado por el Deter-B. Los datos de 2007 a 2013 pueden ser accedidos aquí.

El proyecto DETER-B surge para responder a la demanda de imágenes de mejor resolución espacial, que permitan identificar deforestaciones menores de 25 hectáreas, en vista de la reducción del tamaño particular de las áreas deforestadas en la Amazonia. El DETER-B viene identificando y mapeando, en tiempo casi real, deforestaciones y demás alteraciones en la cobertura forestal con área mínima próxima a 1 ha.

De otro lado, el proyecto denominado TerraClass, concebido por asociación entre INPE y Embrapa, realiza el mapeo sistémico de uso y cobertura de las tierras deforestadas de la Amazonía Legal, buscando comprender la dinámica de uso y cobertura de la región. Los datos espaciales califican la deforestación en 12 categorías, resaltando entre ellas: agricultura anual, área urbana, minería, mosaico de ocupaciones, pasto (con suelo expuesto, limpio y sucio) y pasto con regeneración, reforestación y vegetación secundaria, además de áreas no observadas y otras.

Por último, opera también Map Biomas, una iniciativa que involucra a universidades, ONGs y empresas de tecnología, que buscan contribuir al entendimiento de las transformaciones del territorio brasileño a partir del mapeo anual de la cobertura y uso del suelo en el país. A pesar de no monitorear directamente y exclusivamente la deforestación, constituye también un soporte para políticas públicas y resulta importante para la gestión del territorio y el mantenimiento de la sociobiodiversidad.

A contracorriente de las presiones y amenazas

La creación de Unidades de Conservación y el reconocimiento de Tierras Indígenas se perfilan como las acciones de mayor eficiencia en la prevención de la deforestación^{40, 41 y 42}, contribuyendo así al mantenimiento de la cobertura vegetal, de la biodiversidad y de los procesos socioecológicos. Tales informaciones provienen de estudios específicos y de un proceso sistemático de monitoreo de la deforestación, que resulta esencial para la efectiva evaluación del escenario socioambiental y la contribución de las áreas protegidas en el mantenimiento socioeconómico en la Amazonia.

La simple destinación de estos territorios contribuye ya significativamente a la contención de la retirada de vegetación nativa: de acuerdo con el último dato consolidado de 2018 sobre corte raso en la Amazonia, más del 85% de la deforestación ocurrió fuera de Tierras Indígenas y Unidades de Conservación. Excluidas las Áreas de Protección Ambiental (APA), el porcentaje es aún mayor, pasando del 90%. Con respecto a la deforestación acumulada y a la integridad de la vegetación en el interior de las UCs ​​estatales y federales, solo el 4,77% de la de su extensión fue deforestada. Dejando de lado las APAs, donde se presupone que la conversión de vegetación nativa acontece en mayor intensidad que en las demás categorías, el indicador es aún menor, alcanzando solo el 1,88%.⁴³.

A contracorriente de las presiones y amenazas a la sociobiodiversidad, se desenvuelve la adopción de estrategias que apuntan al manejo y conservación de los procesos, funciones y servicios ecosistémicos. En el marco de la deforestación, surgen acciones de mando y control y acciones de gestión y acuerdos con comunidades locales. Para el alcance de la deforestación cero, hay todavía cuatro ejes de acción que deben ser adoptados: implementación de políticas públicas ambientales efectivas y perennes, apoyo a usos sostenibles de los recursos y mejores prácticas agropecuarias, restricción del mercado para productos asociados a nuevas deforestaciones y el compromiso de los electores, los consumidores y los inversores en los esfuerzos conjuntos de reducir esta presión.

Las ganancias con la deforestación cero son múltiples y justifican la lucha e insistencia en favor de esa agenda. Entre los beneficios figuran las reducciones en diversos aspectos, como en las emisiones de gases de efecto invernadero, en enfermedades y muertes derivadas de contaminación, en consecuencias de cambios climáticos, de multas y embargos para empresas y productores rurales, en la concentración de renta y violencia en el campo. Además, están asociadas a la preservación de derechos de pueblos tradicionales e indígenas, apertura de nuevos mercados de commodities y diversificación de fuentes de ingresos en áreas protegidas, tales como turismo, extracción sustentable de productos madereros y no madereros, compensación ambiental, etc.

Especies Exóticas y Invasoras

Autora: Michele de Sá Dechoum (Bióloga, UFSC)*

La introducción de plantas y animales fuera de su área de distribución natural es cada vez mayor como resultado de oportunidades de transporte, comercio, viajes, y turismo entre diferente países y continentes. Medios de transporte nuevos, rápidos y seguros suministran vectores para que plantas, animales y otros grupos de organismos vivos atraviesen barreras biogeográficas, las cuales normalmente impedirían su desplazamiento natural⁴⁸. Muchas veces, esas especies son introducidas intencionalmente con algún fin específico, ya sea para uso comercial, elaboración de algún producto o, incluso, a los fines de una investigación científica; otras, en cambio, llegan accidentalmente, aprovechando las embarcaciones, productos y mercaderías que llegan a Brasil.

Toda especie que está fuera de su área de distribución natural es denominada especie exótica. La distribución natural de una especie está determinada por la combinación tanto de factores abióticos, como las condiciones del relieve y clima, cuanto de factores bióticos, relacionados a las características de cada especie y a las interacciones con otras especies nativas.

Límites geográficos establecidos por nosotros, como las divisorias entre municipios, estados o países, no pueden ser utilizados para definir si una especie es nativa o no de una región. Utilizamos las regiones biogeográficas de dominio de los diferentes biomas y ecosistemas, y las diferencias determinadas por el clima en diferentes regiones para determinar las distribuciones de las especies. Sobre esa base, una especie de la región amazónica, por ejemplo, en un Estado de la región sur del país, localizado en el bioma Mata Atlántica, debe ser llamada especie exótica y puede ser llamada invasora, en caso pueda provocar impactos ambientales.

Para que una especie se torne invasora, existen determinantes como vulnerabilidad del nuevo ambiente, características de la especie y presión de propágulos (repetición del evento invasor, por ejemplo). Las características de la especie como alta capacidad de reproducción, ciclo de vida corto y prole numerosa facilitan la invasión, así como características de la comunidad invadida, tales como alta disponibilidad de recursos, entornos perturbados e interacciones ecológicas fuertes.⁴⁹.

La invasión biológica causa impactos en varios niveles de organización de los organismos (individuo, población, comunidad, ecosistema y biota), a través de diversos mecanismos, tales como propagación de enfermedades, ausencia de predador, competencia con especies nativas, etc. Las consecuencias negativas pueden reflejarse en cambios en la productividad del sistema, en los ciclos hídricos y agua en el suelo, en la disponibilidad de luz, ciclo de nutrientes, cadenas alimentarias, en las relaciones interespecíficas, causando extinciones y alteraciones en la estructura y función del ecosistema.

Los impactos de invasiones biológicas son mundiales y especies exóticas invasoras son actualmente consideradas la segunda causa global de pérdida de diversidad biológica, quedando solamente por detrás de la conversión directa de las especies naturales. Se estima que la introducción de especies a nuevos ambientes pueda llevar a la extinción de la mitad de los mamíferos que hoy habitan el planeta, promoviendo la homogeneización y el empobrecimiento de la biota global⁵⁰.

El reconocimiento de que especies exóticas constituyen amenazas serias a la diversidad biológica a escala mundial ocurrió en forma políticamente abarcadora en 1992, en ocasión de la ECO-Rio 92, cuando se establecieron las bases de la Convención Internacional sobre Diversidad Biológica (CDB). De acuerdo con la Convención, especie exótica invasora es toda especia cuya introducción o dispersión amenaza la diversidad biológica. La definición es válida para animales, plantas, hongos y microorganismos, y tales especies pueden afectar todos los tipos de ecosistemas. Actualmente son signatarios de la CDB cerca de 200 países o partes, incluyendo Brasil, que asumen como una necesidad urgente reconocer los impactos provocados por especies exóticas invasoras. En el artículo 8°, que trata de la conservación in situ, en el ítem h, se dispone que los países signatarios de la Convención deben “prevenir los ingresos, controlar y erradicar especies exóticas que amenazan ecosistemas, hábitats o especies”. La CDB debe establecer prioridades globales, directrices, recolectar información y auxiliar en la coordinación de acciones internacionales sobre especies exóticas invasoras.

Entre las decisiones tomadas en las reuniones de la Convención Internacional sobre Diversidad Biológica, la Decisión VI/23, del 2002, presenta principios orientadores para la implementación del artículo 8° (h) y directrices a los gobiernos y organizaciones signatarias para desarrollar estrategias con miras a minimizar la diseminación y los impactos de especies exóticas invasoras.

Constan actualmente en la base de datos nacional sobre especies exóticas invasoras 353 especies animales y vegetales, con ocurrencias registradas en todos los Estados brasileños⁵¹. Cerca de 60% de las especies exóticas invasoras en ambientes terrestres en Brasil fueron introducidas intencionalmente. El problema es particularmente complejo, toda vez que muchas actividades con objetivos económicos y sociales llevan a la introducción de especies exóticas invasoras. Esas actividades pueden ser agrupadas en:

• Introducciones intencionales de especies para uso en sistemas productivos (agricultura, actividad forestal, pesca) y con fines ornamentales y recreativos, en contacto directo con ambientes naturales;
• Introducciones intencionales de especies para uso en sistemas bajo contención o en cautiverio (zoológicos, acuacultura, maricultura, acuariofilia, horticultura y comercio de mascotas), sobre las cuales se tiene conocimiento del riesgo de escape hacia ambientes naturales; y
• Introducciones no-intencionales de especies, organismos o patógenos por medio de rutas y canales de comercio y viajes (parásitos de productos comercializados, organismo adheridos en cascos de navíos y en ruedas de vehículos, organismos transportados vía agua de lastre).

Agua de lastre es el agua de mar captada por el navío para garantizar la seguridad operacional del navío y su estabilidad. Usada desde el siglo XIX para aumentar la estabilidad de las embarcaciones, el agua de lastro es esencial para la seguridad y la eficiencia de la navegación moderna, proporcionando equilibrio a los navíos sin carga. Al mismo tiempo, representa una amenaza seria al ambiente marino, a la economía y a la salud humana por el hecho de que muchas especies exóticas son transportadas en el agua que llena los tanques de los navíos.
Introducciones también pueden ocurrir como resultado de alteraciones ambientales en diferentes niveles, incluyendo perturbaciones en los ecosistemas, alteraciones en las prácticas de uso del suelo y cambios climáticos⁵². De esa forma, invasiones biológicas pueden ocurrir a consecuencia de otros cambios, en vez de ser los agentes del cambio ellas mismas^{53 y 54}.

Como ocurre frecuentemente en ciclos que se retroalimentan, la degradación ambiental, sea por sobreexplotación o por conversión de hábitats, promueve el desequilibrio, lo que permite el establecimiento de nuevas especies exóticas que invaden y generan un proceso de empobrecimiento de la biota y de los ciclos naturales (agua, nutrientes, etc.). Esas alteraciones, a su vez, generan más degradación y apertura del espacio para invasiones secundarias – invasiones facilitadas por especies invasoras previamente establecidas – y así sucesivamente.

Invasiones biológicas actúan como agentes de cambio en diversas escalas y esferas. Mientras que el comercio global es la principal causa, las mayores consecuencias se observan por anticipado a pequeña escala, comprometiendo la pesca, por ejemplo, por parte de pequeñas comunidades que dependen directamente de los recursos locales para su sobrevivencia^{55, 56 y 57}. Considerando lo arriba expuesto, se entiende que son necesarias políticas, herramientas y procedimientos a niveles internacional, nacional y local para proveer de base a la evaluación de los riesgos asociados a la introducción de especies exóticas invasoras y para establecer un equilibrio entre actividades socioeconómicas legítimas y salvaguardas apropiadas para la salud de las comunidades y de los ecosistemas así como el bienestar de la población humana⁴⁸.

Tratándose de invasiones biológicas, la prevención contra la introducción voluntaria o accidental de especies es la mejor opción en términos de costos y esfuerzos necesarios para el manejo de áreas naturales. En caso no haya prevención, una vez que una especie exótica potencialmente invasora llega a un nuevo ambiente, la detección precoz de esta ocurrencia y la rápida respuesta de control puede conducir a la solución del problema en un corto intervalo de tiempo y a bajos costos. Acciones tardías de control de especies exóticas invasoras pueden provocar extensos procesos de invasión para los cuales es necesario estructurar planos de control de larga duración, tornándose en muchos casos imposible pensar en la erradicación.

Por ello, es importante que se realicen investigaciones y monitoreo de especies invasoras, comprendiendo registros, detecciones y estrategias de manejo. Además, que informaciones sobre invasión biológica sean divulgadas en la población, a través de campañas educativas, para concientizar a las personas y mitigar tal problema. Es relevante también destacar la importancia y dependencia de recursos humanos y financieros para la efectividad de las acciones de conservación contra presiones de invasión biológica.

El gobierno federal brasileño y algunos gobiernos estaduales están trabajando en la elaboración e implementación de estrategias sobre el tema, teniendo como objetivo la construcción de políticas públicas dirigidas a la prevención contra introducciones biológicas, al control y monitoreo de especies ya presentes, así como a la ejecución de actividades de capacitación, educación, información pública e investigación. Para ello, ha sido fundamental la participación de y la articulación con otros órganos gubernamentales de educación, salud y agricultura de la sociedad civil organizada y de sectores económicos directamente involucrados, para la discusión de posibles medidas que concilien los diferentes intereses, y que puedan ser ejecutadas por medio de instrumentos y herramientas de gestión pública.

Las amenazas y la oportunidad de prevención en la Amazonía

En la Amazonía, es alarmante el ritmo de la deforestación causado por la retirada ilegal de madera, la construcción de carreteras, hidroeléctricas, el crecimiento poblacional y la urbanización, acompañados de una infraestructura socioeconómica débil o inexistente. Sin embargo, todavía es notable la presencia de extensas y densas áreas de bosques remanentes frente al desenfrenado proceso de devastación. Algunas áreas naturales se encuentran aisladas y son, por tanto, menos perturbadas. Sus poblaciones tradicionales todavía presentan un patrón de uso del territorio y sus recursos así como prácticas asociadas propias, o sea, mucho menos impactantes que el uso de prácticas productivas convencionales. Todos estos factores son herramientas únicas de acción preventiva y mitigadora frente a la invasión de especies exóticas.

Ese contexto regional ofrece una oportunidad rara en el mundo actual. Se trata de la oportunidad de diseñar y establecer un programa regional de prevención respecto de la problemática y los impactos de especies exóticas invasoras sobre ambientes naturales, así como sobre la economía, la salud humana y animal y los aspectos culturales únicos de la región. Paralelamente, se abre la oportunidad de desenvolver, a nivel regional, una forma de uso de los recursos naturales y modos de producción fundamentados en una visión de sustentabilidad social, económica y ambiental.

Esas oportunidades ya fueron perdidas en gran parte del país, donde los modelos establecidos se encuentran consolidados y, aunque no sean irreversibles, ya modificaron la mayor parte del paisaje y consumieron parte significativa de los recursos naturales originalmente disponibles. Dentro del enfoque de la oportunidad de trabajar preventivamente en la región amazónica contra las mayores amenazas, se considera de extrema importancia que actividades como la acuicultura y la producción de biocombustibles sean ostensiblemente controladas y monitoreadas.

Tenemos la mayor diversidad mundial de agua dulce y seguimos repitiendo los modelos y paquetes tecnológicos con especies exóticas para la producción acuícola que son utilizados en todo el país y en todo el mundo, con especies como tilapias, carpas y bagres, que provocan impactos diversos a los ecosistemas acuáticos y en poco benefician financieramente a las personas que las cultivan. Impactos de especies exóticas invasoras acuáticas son casi irreversibles en la mayoría de los casos, y actualmente ya hay países, como África del Sur, que no autoriza más la introducción de peces en su territorio para ningún fin y que se dispone a incentivar la producción de peces nativos.

La conversión masiva de áreas naturales al cultivo del dendê (Elaies guineenses), principalmente en áreas de vegetación ribereña, inclusive por medio de sistemas agroforestales en Áreas de Preservación Permanente, es una seria amenaza a la conservación de la diversidad biológica terrestre, tanto por la conversión en sí cuanto por procesos de invasión biológica que pueden originarse a partir de esas áreas. Se estima que, tan sólo en el Estado de Bahía, existen 20.000 hectáreas de dendezeiros subespontáneos⁵⁸, es decir, aquellos que no fueron plantados. El potencial de invasión de la especie en la región amazónica es alto y el riesgo de impactos no vale la pérdida de la diversidad biológica de plantas y animales en el mayor y mejor conservado Bioma que nos queda.

Garimpo Ilegal

Autoria: Helena Fany Pantaleoni Ricardo, Alicia Rolla, Silvia de Melo Futada e Francisco d’Albertas Gomes de Carvalho

Invasión, contaminación y violencia a través de las fronteras. La minería y el garimpo [actividad e instalación de los garimpeiros; extracción minera informal y/o ilegal] también se encuentran entre las grandes presiones y amenazas a la conservación de la biodiversidad.

Aunque el modelo de desarrollo actual del garimpo depende de la gran minería, ese tipo de explotación, debido principalmente a la forma en que es realizada, ocasiona múltiples impactos socio-ambientales. Un estudio de 2015 ⁵⁹  mostró un aumento de la deforestación en las principales áreas de bosques tropicales en la Amazonía vinculada a la extracción de oro: según los autores, entre los años 2001 y 2006 hubo una pérdida de 377 km2 de bosques y entre 2007 y 2013 la pérdida aumentó a 1,303 km2, siendo las tres regiones más afectadas los bosques del Escudo Guayanés, los bosques húmedos del suroeste de la Amazonía y los bosques de los Xingú y los Tapajós en Brasil. Sin embargo, la tala al raso y la conversión de vegetación natural no son los únicos impactos directos del garimpo. En la Amazonía, donde el pescado es la fuente básica de proteínas de la dieta de los pueblos ribereños, tradicionales e indígenas e incluso de las poblaciones de ciudades pequeñas y medianas, la contaminación por la acumulación de mercurio por encima de los niveles recomendados por la Organización Mundial de la Salud requiere acciones inmediatas...

El mercurio es utilizado en la minería informal para separar el oro de otros sedimentos, y una parte de ese metal termina en ríos y arroyos, mientras que otra parte es lanzada a la atmósfera, de donde más tarde se precipita. Las aguas de los ríos y los peces que ingieren el mercurio lo llevan a regiones aún más distantes, amplificando el área de impacto directo y la cantidad de comunidades contaminadas. Es a través de la ingestión, especialmente de grandes peces carnívoros contaminados, que ocurre la mayor contaminación de los humanos.

El mercurio es un metal altamente tóxico que causa daños graves y permanentes. Actualmente, se sabe que es responsable de causar perturbaciones en el sistema nervioso central, que derivan en trastornos cognitivos y motores, pérdida de visión y enfermedades cardiovasculares, entre otras, además de depositarse en los tejidos de los riñones, del hígado y del sistema digestivo, causando varias lesiones. La exposición aguda por inhalación de los vapores de mercurio puede provocar debilidad, fatiga, anorexia, pérdida de peso y trastornos gastrointestinales. Además de las úlceras gastrointestinales y la necrosis tubular aguda, la exposición aguda puede generar reacciones como delirio, alucinación y tendencia suicida ^{60, 61, 62 e 63}.

Un punto de gran preocupación son las mujeres embarazadas, ya que el contacto con altas concentraciones de mercurio genera malformación del feto. Además, la relación entre la minería y el aumento de la transmisión de la malaria es reconocida y ampliamente estudiada ^{64, 65 e 66}. En Brasil, la mayoría de los casos de malaria se originan en áreas rurales relacionadas con minas de oro en la región amazónica ⁶⁷.

En América del Sur, la práctica de la extracción de oro aluvial está documentada desde la colonización española y se estima que, de 1550 a 1880, aproximadamente 200 mil toneladas métricas de mercurio fueron vertidas en el medio ambiente ⁶¹. Brasil ha pasado ya por muchas fiebres de oro ^{61 e 63}. En una revisión de la historia de la minería en Brasil ⁶⁸, se hace una estimación de la explotación de oro y diamantes para los períodos Colonia, Imperio y República de Brasil, que alcanza un total de aproximadamente 30 mil toneladas de oro y 22 millones de quilates de diamantes, desde 1500 hasta el año 2000, lo que representa una cantidad gigantesca de mercurio vertido. De hecho, se estima que, solo en la actual fiebre del oro, ya se han arrojado 2000 toneladas métricas al medio ambiente ⁶¹.

¿Cómo lidiar con el problema?

En primera instancia, debe ser respetada la elección de los pueblos indígenas, quilombolas y tradicionales de mantener sus territorios libres de cualquier actividad minera, sea cual sea la escala. En la escala pan-amazónica, como fue planteado por la Raisg (Rede Amazónica de Información Socio-ambiental Georreferenciada) en un estudio, se requiere de una acción transfronteriza, con cooperación entre los diversos países amazónicos. En el caso brasileño, la solución implica la inspección y retirada de los garimpeiros de los Territorios Indígenas y Unidades de Conservación, junto con la creación de alternativas económicas para los pueblos indígenas y demás poblaciones de la región.

Además de eso, la identificación de las diferentes clases de actores que intervienen en el garimpo señalando una responsabilidad legal diferenciada es un factor clave en el combate estructural de estas prácticas, ya que ellas involucran desde operarios, a menudo explotados y sin derechos, hasta empresarios, que son los propietarios de maquinaria y cuentan con relaciones políticas que les garantizan mayor protección delante de las acciones de orden y control. Más importante que actuar directamente en los garimpos, es descubrir la ruta que los mantienen, quiénes son los que operan, quiénes los sustentan, quiénes los financian y quiénes lucran con esta actividad y su ilegalidad. Un buen ejemplo fueron los resultados de dos operaciones de la Policía Federal en la TI Yanomami, la operación Xawara (2012) y la operación Warari Koxi (2015), que, además de identificar a algunos comerciantes y propietarios de avión en Roraima, también descubrieron que el oro ilegal llegaba a una Distribuidora de Títulos y Bienes Muebles en la Avenida Paulista, en la ciudad de São Paulo, el gran centro financiero de Brasil ⁶⁹.

Según un estudio del año 2014 ⁶⁰, la minería informal se organiza actualmente bajo una relación de trabajo capitalista, en la que el régimen de trabajo existente logra encubrir la contradicción entre capital y trabajo, creando una ilusión de igualdad entre ambos, evitando que el trabajador se defina como parte de un colectivo y sustentando la posibilidad de ascenso social. Sin embargo, en la mayoría de los casos, los trabajadores involucrados en esta actividad también sufren por la insalubridad y accidentes en el trabajo: son comunes los casos de enterramientos por desmoronamientos en las galerías de minas subterráneas, enfermedades de la piel debido al trabajo en el agua, cortes en manos y pies, picaduras de escorpiones y serpientes, problemas de audición debido al ruido de las máquinas, enfermedades de la columna y vías respiratorias.

Sin asistencia médica y sin ninguna responsabilidad por parte de los propietarios de las máquinas - quienes, por su parte, se quedan en promedio con 70% del oro extraído - los accidentes en el trabajo casi siempre significan que el trabajador es responsable de los costos del tratamiento y también de los días perdidos de trabajo. Asimismo, según el estudio ^{60 e 68}, el entonces presidente del Departamento Nacional de Producción Mineral (DNPM) en la década de 1990, después de la fiebre del oro de Serra Pelada, indicó, en ese momento, la existencia de aproximadamente 400,000 mineros ilegales operando en Brasil.

Al igual que con otras actividades ilegales, muchas veces los garimpos dan lugar a comunidades que se caracterizan por una organización propia, especialmente con respecto a las relaciones de poder y de opresión con los más vulnerables, siendo determinante incluso en la movilidad de las mujeres en estas localidades. Bajo la ausencia del Estado y sus instituciones, estas comunidades suelen presentar un elevado nivel de violencia y asociación con otras acciones ilegales, como la industria maderera, por ejemplo. Según Ribeiro ⁷⁰, los garimpos constituyen un problema de grandes dimensiones no sólo por sus consecuencias sociales - debido a la persistente situación de pobreza de los garimpeiros, ya que las ganancias allí obtenidas se concentran en manos de unos pocos - sino también porque fomentan la prostitución, la violencia y el alcoholismo, lo que se refleja en el aumento de la incidencia de enfermedades de transmisión sexual (ETS) y enfermedades endémicas en las minas y en las comunidades que rodean las áreas mineras ilegales, afectando principalmente a las comunidades indígenas.

* Texto publicado originalmente en el capítulo "Garimpo ilegal en las UCs y TIs de la Amazonía brasileña", disponible aquí.

Incendios y quemas

El manejo del fuego fue decisivo en la dispersión geográfica humana, las innovaciones culturales y los cambios en la dieta, el comportamiento y el manejo de los paisajes. De acuerdo con Soares ⁷¹, el fuego es un fenómeno natural que siempre ha existido en la superficie del planeta y también es uno de los factores responsables del predominio de varios ecosistemas terrestres. Es fuente, por lo tanto, de varios impactos positivos. Sin embargo, fuera de control y dependiendo de su extensión, intensidad, frecuencia y potencial de mortalidad de la vegetación por donde se difunde, puede causar varias pérdidas sociales, ambientales y económicas ⁷².

En Brasil, el fuego es utilizado para varios fines, principalmente "limpieza de áreas, tanto agrícolas como forestales". Otras actividades son ⁷³:

• Renovación de pasturas, con el objetivo de ampliar el suministro y la calidad de los alimentos;
• Apertura de nuevas fronteras agrícolas;
• Manejo previo a la cosecha de cultivos de caña de azúcar;
• Control de microorganismos en cultivos (anuales y perennes), en el manejo posterior a la cosecha, entre otros; y
• Actividades de caza

Cuando es empleado para llevar a cabo prácticas agro-pastoriles o forestales que utilizan el fuego para la agricultura o el pastoreo, es decir, en relación con las demandas enumeradas anteriormente, es denominado queimada [quema]. En ciertos contextos, puede requerir autorización de la agencia ambiental, federal o estadual, a fin de que sea mantenido bajo condiciones de control. Incendios, por otro lado, designan el fuego incontrolado que afecta cualquier forma de vegetación, pudiendo haber sido causado por humanos (ya sea intencionalmente o por negligencia) o por causas naturales, como descargas eléctricas.

Asociado con la gestión del paisaje y el esclarecimiento del comportamiento de la humanidad en los últimos miles de años, el fuego sigue siendo una práctica frecuente en la ocupación, gestión y seguridad alimentaria de una multiplicidad de personas y comunidades. También es utilizado por las comunidades tradicionales para diversos fines, que incluye la preparación de tierras para la agricultura, la caza, el fomento de la siembra, la fructificación y la germinación, la reducción de la carga de combustible, así como anticipación y control de incendios descontrolados; igualmente para el aumento de la visibilidad, la comunicación, la protección y las ceremonias y rituales ^{74, 75 e 76}.

Para diversas comunidades, el fuego es la herramienta principal en la gestión local, ya que estimula la diversidad biológica (consulte: Manejo del fuego), contribuye al mantenimiento y la renovación de recursos, en la configuración del paisaje y en la agricultura. Por ello, en muchos contextos “dejar de usarlo no es una opción. Sin fuego, todo el sistema de organización del trabajo se ve afectado", tal como lo muestra Cómo domar el fuego.  Los sistemas de producción agrícola en el Territorio Indígena Xingú (TIX), por ejemplo, se basan en la agricultura de corte y quema de áreas específicas del bosque y ese manejo garantiza la fertilidad del suelo y la productividad de las chacras. Ver más aquí.

Impactos del fuego

Los incendios de vegetación pueden causar perjuicios significativos al medio ambiente, como daños a la fauna y la flora, a las personas, además de consecuencias económicas considerables ⁷⁹. Pérdida de la cubierta vegetal, destrucción de hábitats, muerte de organismos, problemas de salud humana y costos de control de incendios son algunos ejemplos.

El fuego es uno de los factores que actúa en el modelado y la evolución de los ecosistemas terrestres, debido a su impacto en diferentes procesos y funciones, así como en la composición y estructura de estos ecosistemas ⁸⁰. Los incendios afectan los procesos ecológicos locales y regionales, y también tienen impactos globales, a través de influencias en los patrones de vegetación y en los financiamientos relativos a las emisiones de gases de efecto invernadero ^{81 e 82}.

Además, el fuego también puede generar modificaciones, de forma directa o indirecta, en la naturaleza física, química y biológica de los suelos. De acuerdo con Meirelles ⁸³, el fuego provoca cambios ocasionales o definitivos en la temperatura de la superficie del suelo, en el tenor de humedad y en la disponibilidad de agua y nutrientes para la vegetación. Dichos cambios pueden ser puntuales o permanentes y el grado de cambio depende de varios factores, que incluyen: tipo de suelo, cubierta vegetal, duración, intensidad y frecuencia de uso.

Las consecuencias afectan principalmente a los microorganismos y la fauna edáfica (invertebrados que viven en el suelo) que usan el suelo como hábitat ⁸⁴ y que, a su vez, desempeñan funciones importantes en el suelo más allá de la circulación de nutrientes ⁸⁵. La quema también reduce el suministro de materia orgánica bruta, lo que afecta el ciclo del carbono, provocando la emisión de gases de efecto invernadero a la atmósfera. Entre los atributos biológicos, la acción de la llama del fuego disminuye la disponibilidad de alimentos para los microorganismos, disminuyendo principalmente la población de la mesofauna en el suelo ⁷³.

El humo de los incendios puede ser uno de los principales factores del deterioro de la calidad del aire, desencadenando una serie de efectos adversos para la salud. Los estudios han proporcionado evidencia de un vínculo directo entre la mala calidad del aire y los problemas de salud humana. La literatura existente sostiene que el humo del fuego está relacionado principalmente con dos tipos de enfermedades: respiratorias y cardiovasculares ^{87, 88, 89, 90 e 91}.

Estos daños a la salud también acarrean impactos económicos, por la generación de costos de salud considerables, en la magnitud de varios millones de dólares por temporada de incendios ⁹².

Carreteras Planificadas

Autoría: Júlia Jacomini, Beatriz Moraes Murer e Eliseu Teixeira Neto

Importancia de la red de transportes

La red de transporte es importante para la circulación de personas y mercaderías, así como para el traslado de la producción agrícola e industrial, siendo su alcance y eficiencia uno de los indicadores a menudo utilizados para medir el desarrollo económico de una región. Brasil cuenta con una extensa red terrestre, cuyas carreteras cubren aproximadamente 20% del territorio nacional, asimismo con ferrovías que se extienden por 29,074 kilómetros (0.3%) y con un sistema de vías fluviales que, solo en el 2017, fue responsable por el traslado de 1.9 mil millones de toneladas de carga en las instalaciones portuarias ⁹⁵.

Según la Confederación Nacional de Transporte, las carreteras son responsables del flujo de más del 60% de las mercaderías y más del 90% de los pasajeros ⁹⁶. Las ferrovías, en el 2017, fueron responsables del empleo de 43,382 personas, mientras que las vías fluviales transportaron 8.5 % más carga que en el año anterior ⁹⁵.

En la Amazonía, así como en todo el país, el modelo de desarrollo estuvo muy vinculado a la expansión de la red de transporte. La primera carretera construida, pionera en conectar por tierra la Amazonía con el resto del país, fue la de Belém-Brasilia, finalizada en 1964. Durante la década de 1970, hubo fuertes inversiones para ampliar el acceso al interior de la región norte del país a través de la construcción de la Transamazónica, en 1974, y de la carretera Cuiabá-Santarém, en 1976 ⁹⁷. Las ferrovías también han marcado, desde el comienzo de la República, la historia de la región, dada su importancia en la conexión de tramos para el tránsito interno y para el traslado de productos tales como el caucho. A partir de la década de 1930, la expansión de la red ferroviaria también fue decisiva en la exportación de minerales, celulosa y commodities. La red de vías fluviales de la Amazonía, a su vez, se extiende a través de más de 24,000 kilómetros de ríos navegables ⁹⁸. Es el medio de transporte que ha sido secularmente importante en el desplazamiento de personas y el flujo de productos desde la región.

Impactos de la red de transporte

Si bien se reconoce la importancia económica y logística de la red de transporte, la construcción de infraestructuras lineales terrestres está directa e indirectamente relacionada con la pérdida de biodiversidad ^{99, 100 e 101}, principalmente cuando ocasiona retiro de la cobertura vegetal y fragmentación, como en el caso de la construcción de carreteras y ferrocarriles. En la Amazonía, la mayor parte de la deforestación ocurre en las inmediaciones de las carreteras, y se estima que aproximadamente el 90% del retiro de la vegetación nativa se produce a una distancia de hasta 100 kilómetros de esa red de transportes ¹⁰². Hay también estudios que apuntan que, a una distancia de hasta 50 kilómetros de esas infraestructuras, los niveles de deforestación varían del 67% ¹⁰³ al 85% ¹⁰⁴. Análisis realizados en el 2014 ¹⁰⁵ demuestran, además, que el 94.9% de la deforestación en la Amazonía Legal ocurrió en un área mucho menor: a una distancia de hasta 5.5 kilómetros de las carreteras y a un kilómetro de los ríos, lo cual refuerza la estrecha conexión entre la expansión de esos medios de transporte y la remoción de la vegetación nativa.

Tales infraestructuras están relacionadas, asimismo, con alteraciones físico-químicas del medio ambiente, con el favorecimiento de la invasión de especies exóticas y con alteraciones comportamentales, atropellamiento y mortalidad de animales ^{101 e 106}. También son considerables los impactos sociales resultantes de la implementación de grandes obras, dado que la construcción de la red de transporte también se relaciona con conflictos que involucran expropiaciones, migraciones voluntarias y forzadas, impactos culturales, problemas sociales como el alcoholismo y la prostitución, así como con la propagación de enfermedades ¹⁰⁷. Además, la prolongación de carreteras a áreas remotas tiende, por ejemplo, a aumentar la incursión de la minería ilegal, el contrabando y el tráfico de drogas ^{107 e 108}.

En busca del equilibrio

Considerando, por un lado, la importancia de la red de transporte y, por otro, todos los impactos asociados con la implementación de su infraestructura, deben ser tomadas algunas medidas con miras a mitigar y compensar tales impactos. Considerando la dimensión y el grado de impacto de la obra, es imprescindible medir los impactos socioambientales a corto, mediano y largo plazo a fin de prever el daño y gestionar el territorio de manera responsable, asegurando la optimización de los recursos y la conservación de la biodiversidad. Además de eso, el monitoreo de las infraestructuras también es necesario para que las intervenciones se realicen apuntando a la readaptación y la mitigación de los impactos negativos asociados con las obras. Es decir, es necesario fortalecer y garantizar la aplicación de los mecanismos de evaluación de los impactos ambientales, asegurando que estos estudios se lleven a cabo de manera detallada y rigurosa.

* Texto publicado originalmente en el Capítulo “Las áreas protegidas en la Amazonía brasileña y el Plan Nacional de Logística”, disponible aquí.

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